Alarmados por la subida del salario mínimo

Con la llegada del nuevo Gobierno, la crispación que solo se daba en Catalunya parece haberse trasladado al conjunto de España. Los movimientos de Pedro Sánchez están generando una dinámica de enfrentamiento sin bandos definidos, una especie de todos contra todos. Parte de ese malestar emana de su acción política, desde la nueva aproximación al independentismo catalán a la cercanía con Podemos. Una irritación que puedo entender, especialmente en tiempos preelectorales. Sin embargo, me cuesta comprender la tremenda acritud con que son recibidas propuestas económicas como, por ejemplo, la subida del salario mínimo (SMI) a 900 euros mensuales.

Ante dicho anuncio, se han prodigado las acusaciones de populismo y las advertencias de que deteriorará la economía. Unas críticas que vienen de la política pero, especialmente, de sectores empresariales, y del mismo Banco de EspañaBanco de España. Se argumenta que perjudicará a los más débiles. No lo veo así.

Ética

En primer lugar, porqué la ética, que también cuenta, obliga a la reforma. Me pregunto si resulta aceptable que en un país avanzado se trabaje por menos de 900 euros; si es sostenible un capitalismo en cuyas grandes empresas la remuneración máxima puede ser más de 100 veces superior a la mínima; si beneficia a alguien la pervivencia de negocios soportados en sueldos de 700 euros; o si tienen autoridad moral para la crítica aquellos que no han mostrado preocupación alguna por los más desfavorecidos y, ahora, argumentan que la mejora del SMI aumentará la desigualdad. ¿Durante estos años, no se les ha ocurrido ninguna otra idea para luchar contra la desigualdad que criticar dicho incremento?

Desde un punto de vista económico, ante la ralentización de la demanda externa, se hace necesario estimular el consumo de nuestros conciudadanos. Para ello, como viene señalando Mario Draghi, conviene una mejora generalizada de los salarios, no solo en España, sino en toda la Unión Europea. Asimismo, nuestra capacidad competitiva no puede sostenerse tanto en bajos salarios como en una mayor productividad, y a ello deben orientarse las políticas públicas y las actuaciones privadas. Es responsabilidad del Gobierno pero, igual o más, del mundo empresarial, que debe ser capaz de generar trabajos de mayor valor añadido y, en su caso, contribuir a una mejor formación de los trabajadores.

Se argumenta que la medida conllevará la pérdida de miles de puestos de trabajo pero, a su vez, se reconoce que no se dispone de evidencia empírica que avale esta suposición. No olvidemos que, más allá del paro, el drama es la falta de expectativas. ¿A qué puede aspirar una persona que cobra 700 euros y percibe que no saldrá de ese pozo indigno? ¿Lo aceptamos como una maldición inevitable o nos atrevemos a experimentar?

Pero lo más preocupante es que el aumento del SMI y unos ajustes en tributación generen la crispación que estamos viviendo. Si el margen del que dispone la política no da ni para estos ajustes, me pregunto el sentido de la misma democracia.