Los presos del 1-O y el poder judicial

Este viernes se confirmará que la fiscalía del Supremo -de acuerdo con la instrucción del juez Pablo Llarena- acusará de rebelión a nueve de los procesados por el 1-0. Será quizás el juicio más delicado de la democracia española porque afecta a Catalunya, una de las naciones del Estado, y porque muchos juristas, empezando por Pascual Sala, expresidente del Supremo y del Constitucional, ven desproporcionada la acusación de rebelión.

Por otra parte, el Congreso aprobó el martes -con el voto del PP, pero no de Ciudadanos- liquidar la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del PP del 2013 para volver a un Consejo más colegiado y con menos poderes de los que ha tenido el actual presidente, el conservador Carlos Lesmes, cuyo mandato acaba ya. Y la reforma es relevante porque es el CGPJ el que nombra a los magistrados del Supremo y de los tribunales superiores.

En los últimos meses hemos visto que el Supremo -al igual que otros tribunales de similar rango, como la Corte Suprema americana- sufre algún exceso de politización. No se puede prohibir a los jueces las ideas políticas, pero si pesan demasiado en sus autos pueden convertirse en un problema. Algunos observadores detectan un exceso de nacionalismo español en la sala segunda -la que juzgará a Oriol Junqueras- y de progresismo extremo en la sección de la sala tercera (la de lo administrativo) que ha cambiado la práctica de muchos años sobre el pago de las hipotecas sin calibrar sus efectos ni estudiar la retroactividad.

No son los bancos los que se embolsan el impuesto, sino Hacienda. Y si la carga pasa del cliente a los bancos, rompiendo la práctica de más de veinticinco años, la consecuencia puede ser que se repercuta en una subida del interés de los créditos hipotecarios y que el cliente gane poco o nada. Y la retroactividad -que esa sentencia ni aborda- tendría serias consecuencias para los bancos, pero luego también para los clientes, los demandantes de crédito y la seguridad jurídica. El pleno de la sala de lo administrativo tendrá que aclarar las cosas el lunes, pero el desbarajuste ya es considerable.

Parece que en la sala penal y en una sección de la administrativa ha habido sobredosis de celo ideológico en algunos magistrados que puede tener consecuencias negativas para la convivencia y la economía.

Sería de desear que ahora, cuando los partidos deben consensuar los nombres (doce jueces y ocho juristas) del futuro CGPJ, que debería estar en funciones en diciembre, tengan más en cuenta la profesionalidad y la competencia que la afinidad política. ¿Será asi? Primero, está por ver si PP y PSOE, cuyos votos son precisos para la mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado, logran acordar los nombres o todo se enquista como otras veces. Luego serán necesarios equilibrio y luces largas en las cúpulas partidarias. Visto lo visto en las últimas sesiones del Congreso, cuesta no ser escéptico. Triste, porque sin magistrados ponderados en el Supremo (ni cruzados, ni coyotes) la democracia y la economía sufrirán.