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Análisis

Concentración alrededor de la Ciutadella durante el pleno en el que se aprobó la DUI, el 27 de octubre del 2017.

FERRAN NADEU

Un año después

Carmen Juan

No creo que la fiscalía introduzca cambios significativos en su acusación, pero ¿quién dice que la fiscalía no puede cambiar sus conclusiones definitivas en el juicio?

Hace un año que “pasó lo que pasó” como diría Joan Tardà y se ha querido celebrar aunque no hay motivos para hacerlo, pero una vez más en todo este Procés, lo que se hace y lo que se dice es contradictorio. Como cuando Torra dice que “volver atrás no es una opción” mientras preside un Govern autonomista que ha recuperado la relación institucional con el Estado. Un año después de que la división independentista se hiciera evidente, con unos a la Audiencia y otros a Bélgica, aún intentamos explicar si hubo o no una proclamación de república, un golpe de Estado o, como dice Clara Ponsatí, “un brindis al sol”.

El relato político-mediático es importante y seguirá dando grandes momentos, pero el relato definitivo será el judicial, porque es el que determinará el futuro de las personas que hoy están en la cárcel o fugados y condicionará la estabilidad política española, la catalana, la relación entre ambas y la opinión internacional. Todo esto es lo que nos jugamos en el juicio que se celebrará en enero y que tendrá sentencia más o menos coincidiendo con la super jornada electoral del 26 de mayo que escoge ayuntamientos, trece comunidades autónomas y diputados del Parlamento Europeo.

De momento, el Supremo ha abierto el juicio oral contra 18 líderes del 'procés' a los que acusa de rebelión, malversación y desobediencia. El Supremo no se ha movido un ápice de su intención inicial, a pesar de las dudas razonables, expresadas por muchos juristas, de aquí y de fuera, sobre si hubo violencia suficiente para que pueda justificarse un delito de rebelión. A final de semana sabremos si Fiscalía y Abogacía del Estado coinciden en acusarlos también de rebelión, el delito con mayor condena. Hace semanas que los independentistas presionan al Gobierno para que la fiscalía rebaje la acusación, incluso ERC lo pone como condición para votar a favor de los Presupuestos, pero solo han obtenido de Pedro Sánchez rescatar de la hemeroteca la definición de rebelión del jurista de cabecera del PP, Federico Trillo: “Un golpe de Estado se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares” ¡Y ya se ha montado el pollo!

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Han pasado más desapercibidas las reflexiones de Jordi Sànchez desde Lledoners, en las que dice no estar de acuerdo en que se pida un gesto a favor de los presos para aprobar los Presupuestos- zasca a ERC- porque “la escenificación ostentosa” de esa demanda “puede tener el efecto contrario al que busca”. Según Jordi Sànchez, “alimenta más la gesticulación españolista, desincentiva al Gobierno a intervenir ante la fiscalía por temor a la polémica y bloquea a la propia fiscalía a modificar su acusación por miedo a ser desacreditada si se interpreta como una presión del Ejecutivo”.

No creo que la fiscalía introduzca cambios significativos en su acusación, pero ¿quién dice que la fiscalía no puede cambiar sus conclusiones definitivas en el juicio antes de que se dicte la sentencia? ¿O que no puedan aprobarse los Presupuestos? Sabemos lo que dicen, veremos lo que hacen.