Análisis

Mitos y realidad de la sanidad catalana

La atención sanitaria universal, contra lo que presume la Generalitat, no ha sido restablecida verdaderamente en Catalunya

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LUIS MAURI

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El nacionalismo, no solo el catalán, por supuesto, demuestra una querencia innata por la mitología. Las leyendas fantásticas y las fábulas románticas son materiales muy eficaces para construir un ideal identitario. Una comunión.

La Catalunya del ‘procés’ puede competir en mitos con el panteón griego. Algunos se han quebrado al contacto con la realidad: el apoyo de la UE y del capital a la independencia, la impotencia de España… El último mito caído (según como se mire, un dios menor en el escalafón independentista) se ha descompuesto ahora mismo.

Contra lo que siempre ha presumido, el Gobierno catalán nunca ha restablecido la sanidad universal suprimida en el 2012 en toda España por el Gobierno de Mariano Rajoy. No lo hizo el ‘conseller’ Boi Ruiz, campeón de los recortes. Tampoco su sucesor, Antoni Comín. Ni la sucesora de este, Alba Vergés.

Catalunya y otras autonomías trataron de mitigar la exclusión de los inmigrantes. Ruiz arbitró un sistema para atender a los extranjeros empadronados, además de las embarazadas, los menores y los casos de urgencia. Fue un remiendo. Dejaba desprotegidas a muchas personas en situación irregular, no todos los hospitales tenían claro el criterio y muchos extranjeros empadronados desconocían el atajo.

Pecado original

En junio del 2017, con el ‘procés’ lanzado hacia el referéndum del 1-O y la DUI subsiguiente, Comín sacó adelante una ley con la que anunció la reinstauración de la sanidad universal. Pero aquella norma nacía con pecado original: mantenía la exigencia de empadronamiento para acceder a la sanidad pública.

La Plataforma per una Assistència Sanitària Universal a Catalunya ya censuró entonces la permanencia de esa condición. Y alertó contra la idea de Comín de regular el acceso de las personas no empadronadas mediante un reglamento posterior. Este reglamento debía estar listo en los tres meses posteriores a la aprobación de la ley. Límite: septiembre del 2017. ¿Ha visto la luz ese reglamento? No. Es sabido que en septiembre del 2017 el Gobierno catalán consideraba que asuntos de mayor importancia reclamaban toda su dedicación y energía.

Prueba lacerante

"Restablecemos la universalidad que se perdió", proclamó Comín al aprobarse la ley. No es cierto. La universalidad no se ha restablecido. Los cientos de inmigrantes excluidos de la sanidad en los últimos años (un centenar tras la aprobación de la norma) son la prueba lacerante de que la proclama de Comín pertenecía al ámbito de la mitología.

La sanidad pública catalana ofrece muchas otras cifras. Por ejemplo, los 1.500 millones de euros recortados cada año del presupuesto desde el 2011 (mil millones desde el 2017). Las más de 170.000 personas que esperaban quirófano en diciembre pasado. Los mil médicos y 4.800 sanitarios de los que se deshicieron los hospitales entre el 2010 y el 2015. Las tres semanas que alcanza en algunos CAP la demora para ver al médico de familia. La caída del 37% en la inversión en tecnología médica desde el 2010. Los 1.192 euros per cápita que gasta Catalunya en sanidad, claramente por debajo de los 1.264 euros de media en España... Esta es la sanidad pública catalana real, sin mitos.