Desconfianza en el Supremo

El lío de las hipotecas se está llevando por delante la confianza de los ciudadanos en otra institución. En este caso, el Tribunal Supremo. La sociedad contemporánea exige transparencia en el ejercicio del poder. Y cuando las instituciones se exhiben en una urna de cristal deben ser tremendamente cuidadosas con los gestos que hacen y las palabras que dicen. De lo contrario, sus malentendidos se las llevan por delante. Desde la celebrada sentencia que establece que son los bancos y no los compradores los que deben pagar el impuesto por inscribir las hipotecas, todo lo que ha hecho y dicho la Sala de lo Contencioso Administrativo y el presidente del Tribunal Supremo han consagrado un estereotipo: en España cuando alguien se mete con los bancos acaba teniendo que recular. Este daguerrotipo evita explicar y entender la complejidad del asunto tratado.

La principal confusión ha consistido en poner a los bancos como objeto de la sentencia, cuando en realidad eran un sujeto pasivo. La sentencia enmendaba la plana a la jurisprudencia de la propia sala del Supremo, que había sido renqueante, y en última instancia al reglamento de la Agencia Tributaria que así lo establecía. No hay que ser muy rebuscado para establecer que la consecuencia más lógica del cambio de criterio es que las comuniades autónomas hubieran devuelto a los compradores de viviendas el impuesto indebidamente liquidado y hubieran abierto diligencias para reclamarlo a los bancos. Una interpretación de la sentencia en este sentido hubiera arreglado muchos desaguisados de un plumazo. Los ciudadanos afectados se habrían librado de pleitear contra los bancos. Y estos habrían tenido que negociar con las haciendas públicas el pago del impuesto mal liquidado que se podría haber hecho a cuenta de determinados créditos fiscales, cosa que les habría librado de los vaivenes bursátiles.

Malear al Tribunal Supremo no es bueno para casi nadie. En primer lugar para los ciudadanos que pierden la confianza que necesitan tener en la justicia especialemente en asuntos que afectan tan directamente a su vida cotidiana como es la vivienda. En segundo lugar, al propio Estado porque necesita la fortaleza de sus instituciones para atender a los desafíos internos y externos que tiene en este momento. Y en tercer lugar a los bancos en particular ya las empresas en general. El tan cacarerado principio de "seguridad jurídica" con el que se justifican muchas medidas debe aplicarse también en este caso. Como decía el malogrado José Manuel Lara, las empresas necesitan que las instituciones sean "previsibles". Malearlas las tiende a enloquecer. 

El argumento que utilizo el presidente de la Sala Tercera para paralizar la aplicación de la sentencia contraria a los bancos perseguirá al Supremo para siempre. El argumento de la "enorme repercusión económica y social" ya lo guardan los independentistas para cuando se publique la sentencia de los políticos presos. Pero no serán los únicos. Cualquier causa defendida por mucha gente o por gente muy poderosa querrá acogerse a este principio. Es el mal que queda de este desaguisado.