¿Separación de poderes?

El enredo del impuesto de las hipotecas está dejando a la justicia española, una vez más, a los pies de los caballos. El núcleo del debate se antoja de sentido común: si los bancos concedieran créditos sin exigir escritura ante notario, nadie pagaría tal tributo. Junto al derecho a blindar su préstamo, pues, emerge el deber de tributar por ello. Pero la sentencia del Supremo que así lo establece --sin aclarar con qué efectos temporales— ha topado con la desautorización del presidente de la Sala, sumiendo en el descrédito al tribunal y a la ciudadanía, en el desconcierto.

Para justificar este inaudito golpe de timón, el magistrado Luis María Díez-PicazoLuis María Díez-Picazo alegó dos razones: que el fallo “supone un radical cambio de criterio”, cuando el objeto de la casación es precisamente armonizar la jurisprudencia; y su “enorme repercusión social y económica”. La primera, el ahorro de una tasa o incluso la recuperación de lo abonado, no fue motivo de alarma social; más bien de alborozo. La segunda sí fue tangible: tras conocerse el fallo, el valor bursátil de la banca se depreció más de 5.000 millones, cifra análoga a la factura tributaria que esta debería saldar en el peor de los escenarios.

No hay mal que por bien no venga en el Ibex: las acciones se han revalorizado tras el espaldarazo del Supremo, cuya reputación, en justa correspondencia, cotiza a la baja. En los fogones judiciales se cuece un apaño falazmente salomónico: si no se exime a los bancos del impuesto, se decretará la irretroactividad de la sentencia para ahorrarles pagos millonarios.

El contexto social

Queda claro que, tras sufragar el erario los 60.000 millones del rescate de las cajas, ningún poder público se atreve a poner en riesgo el sistema financiero. Pero si el carácter sistémico de la banca condiciona a los jueces, y por tanto estos no atienden solo a las leyes sino también al contexto social, se desvanece la coartada de la separación de poderes, burladero tras el que se oculta, por ejemplo, el rechazo de la derecha y la resistencia del Gobierno del PSOE a intentar atemperar siquiera la causa judicial contra los líderes del ‘procés’.