Bancos y tribunales

El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo -la encargada de la materia contencioso-administrativa- realizó ayer una actuación amparada por el derecho -art. 264 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- que consiste en convocar al pleno de la Sala -más de treinta magistrados- para intentar unificar el criterio de todo el tribunal -que normalmente opera por secciones de menos magistrados- en torno a un tema polémico en el que pueda existir una disparidad de pareceres en asuntos casi idénticos entre los diferentes juzgadores. Hasta ahí, nada anormal, aunque sí poco frecuente. Pocas veces se reúne el pleno de los tribunales, en general.

Lo que decididamente no es habitual es la celeridad del movimiento indicado -menos de 24 horas tras la sentencia de una sección de seis magistrados-, y el hecho de hacerlo público mediante una “nota informativa” que sumió en el caos y la desorientación tanto a la prensa como a los juristas. Y en la indignación a una parte de la ciudadanía, que creyó ver mayoritariamente una maniobra de la banca detrás de la actuación del presidente de la Sala. Y es que según fuera la interpretación del fallo, varios ciudadanos podían recuperar, antes o después, una relevante cantidad de dinero, y los bancos perder miles de millones de euros, tanto con las devoluciones como en bolsa.

Inesperada alegría

Los medios hablaron de “paralización” de la sentencia, lo que resultaba imposible. Ningún tribunal puede “paralizar” arbitrariamente la eficacia de sus sentencias, y mucho menos modificarlas una vez que han sido dictadas, porque a ello se opone la llamada “cosa juzgada”, es decir, la invariabilidad de las resoluciones judiciales una vez que han sido pronunciadas. Desde luego, ninguna resolución del pleno de la sala podrá modificar ya la anulación de la norma del reglamento que obligaba al pago del impuesto a los clientes del banco, y que declaró esa sección de seis magistrados que dio una inesperada alegría a tantos ciudadanos el jueves pasado.

Lo que sí podrá hacer el pleno es declarar los efectos de esa anulación, es decir, si beneficia a todos los que pagaron -¿indebidamente?- el impuesto en el pasado, o bien sólo afectará a un grupo de ellos, o bien únicamente a los que a partir de ahora contraten una hipoteca. Complica la cuestión que otra Sala del mismo Tribunal Supremo -la primera, especializada en asuntos civiles- sostenga el criterio contrario al pronunciado el jueves pasado. Y en España, a diferencia de otros muchos países, no existe -lastimosamente- un mecanismo para unificar los criterios de las diferentes salas del Tribunal Supremo. En definitiva, un caos de difícil solución en el que los ciudadanos, pase lo que pase, se sentirán indignados. Y en un tema en el que además llueve sobre mojado. Ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que ha tenido que salir, más de una vez, a rectificar al Tribunal Supremo en materia bancaria, especialmente sobre cláusulas abusivas de los contratos entre entidades bancarias y clientes. El desagradable resultado -que conviene no ocultar si se desea resolver- es que existe una importante falta de confianza ciudadana en tribunales y bancos que es muy urgente recuperar, para bien de todos.

Probablemente para ello habría que pensar que en la era de las redes sociales, es importante ser especialmente cautos con el modo en que la información se hace pública. Y es que quizás esa “nota informativa” del presidente de la Sala, lo digo con el máximo respeto, era innecesaria en los términos en que fue realizada, toda vez que el pleno, sin ninguna ocultación, se podía reunir igualmente con carácter urgente para decidir una cuestión ciertamente relevante, dado que afecta a uno de los principales motores económicos del país. Y de esa forma, con transparencia pero sin tanta resonancia, resolver tranquilamente y en breve plazo una cuestión compleja. Y hacerlo bien, de manera que lo que se decida no sea, otra vez, enmendado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Es interés de todos residir en un Estado en que los ciudadanos se encuentren tranquilos y confiados en la limpieza de sus instituciones y en el buen funcionamiento de su sistema bancario, y del empresariado en general. Cualquier sospecha de falta de independencia de los tribunales, aunque pueda no ser real, es letal para el Estado de Derecho. Hay que poner todo el empeño en guardar las formas. La confianza ciudadana no puede desgastarse a cualquier precio.