Un año de cárcel preventiva

Jordi Cuixart y Jordi Sànchez cumplen un año en prisión preventiva, procesados por rebelión por la manifestación del 20 de septiembre del 2017 ante la sede de la Conselleria d’Economia i Hisenda mientras la Guardia Civil y una delegación judicial registraban las oficinas los días anteriores al referéndum del 1 de octubre. Como dirigentes de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, Cuixart  y Sànchez llamaron a la movilización ciudadana aquel día en protesta por el registro. Fueron los primeros líderes del ‘procés’ en ser encarcelados de forma preventiva.

Tanto la desproporcionada prisión preventiva como la misma acusación de rebelión hace tiempo que son ampliamente criticadas no solo por el independentismo, sino por amplios sectores de la sociedad catalana, reputados juristas y Amnistía Internacional. En el caso de Sànchez y Cuixart, se añade que el rechazo a la violencia es recurrente en su discurso, incluso aquel 20 de septiembre por el que están en prisión preventiva.

A la espera de cómo se desarrolla el juicio y de ver qué sucede entonces con el discutido y discutible cargo de rebelión, la prisión preventiva de los Jordis y del resto de líderes del ‘procés’ es consecuencia de la infausta decisión de Mariano Rajoy de judicializar el conflicto. Alejados de los tiempos y necesidades de la política, los jueces y fiscales han ejercido una mano dura procesal que ha tenido innegables consecuencias políticas. En un momento en que la división en el campo independentista es evidente, el rechazo al procesamiento es el único factor cohesionador de los partidos soberanistas y sus bases.

Pero por mucho que las decisiones de la Justicia tengan inevitables consecuencias políticas, los partidos no deben intentar politizar la justicia. Entre las filas independentistas ha caído muy mal la filtración de que la fiscalía se siga inclinando por acusar a los procesados de rebelión, aunque sea pidiendo las penas mínimas por este delito. ERC y PDECat han condicionado su apoyo a los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez a un imposible: que el Ejecutivo, saltándose la división de poderes, maniobre a través de la fiscalía para excarcelar a los presos y lograr su absolución. Por razones obvias, Sánchez no puede acceder a esa demanda. Por difícil que resulte en tiempos emotivamente tan volátiles, la negociación política debe transcurrir por una vía diferente que la judicial. Mezclarlas ha dado pésimos resultados.