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Controversia social

Miles de personas festejan, el pasado junio, la aprobación de la despenalizacion del aborto en Argentina.

EFE / DAVID FERNÁNDEZ

Aborto y estado

Marta Roqueta

Andorra es uno de los últimos países europeos que prohíben la interrupción del embarazo con penas de prisión

Andorra es, junto a Malta, San Marino y el Vaticano, uno de los últimos países europeos que prohíben el aborto en todos los casos, con penas de hasta tres años de prisión. No se permite ni en caso de violación, peligro para la vida de la madre o malformaciones fetales, los tres supuestos de mínimos recomendados por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas.

Cada año, más de un centenar de andorranas viajan a Catalunya a abortar en hospitales públicos. Según la plataforma Stop Violències Andorra, son datos incompletos, pues se calcula que el 80% de mujeres abortan en hospitales privados. Alentadas por las mareas feministas por el derecho al aborto en Argentina e Irlanda, las feministas andorranas están reivindicando aún más fuerte el derecho a decidir sobre sus cuerpos, con marchas a favor de la despenalización del aborto a finales de septiembre y la campaña en redes sociales #Avortarem.

Desde una perspectiva catalana, hay algo que llama la atención del debate sobre el aborto en la opinión pública andorrana. Las dos perspectivas sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la antiabortista y la feminista, se han acabado vinculando a dos concepciones distintas sobre la relación entre estado y ciudadanía.

Opiniones antiabortistas subrayan que legalizarlo iría en contra de la doctrina de uno de los copríncipes del estado, el obispo de la Seu de Urgell. Argumentan, incluso, que la despenalización del aborto propiciaría que el obispo dejara el coprincipado. Colectivos de mujeres andorranas son escépticas ante esta posibilidad, y han recordado que no pasó hace cuatro años, cuando se aprobó la ley de uniones civiles, que reconocía las parejas homosexuales. Así pues, las opiniones antiabortistas ejemplifican una visión del estado-nación en la que los derechos de nada más y nada menos que la mitad de la ciudadanía deben limitarse para garantizar la estabilidad de las instituciones que lo conforman.

Por el contrario, posiciones a favor de la legalización del aborto han presentado la lucha como una mejora de la democracia andorrana y de apoderamiento ciudadano. Maria Bastida defendía en 'El Periódico de Andorra' que la ley del aborto daba más opciones a las andorranas para tomar una decisión bien informada. Partiendo de la separación entre ley y religión, con afirmaciones como "dejar Andorra en manos de la Iglesia sí que es aniquilarla de sí misma, de sus ciudadanos", concluye que un país "unido ante la democracia y el derecho a decidir de sus ciudadanos es mucho más fuerte que uno, dos o cincuenta copríncipes".

El control de la sexualidad

Tradicionalmente, la supervivencia y pervivencia de las naciones -de sus jerarquías de clase y etnia- se han apoyado en el control de la sexualidad de las mujeres. Algunos discursos feministas a favor del derecho al aborto en Andorra han dado la vuelta por completo al relato: la nación es mejor, más igualitaria y democrática, cuando son las mujeres quienes controlan sus destinos.