26 feb 2020

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Análisis

El ’president’, Quim Torra, durante su intervención en la primera sesión del debate de política general, en el Parlament.

ELISENDA PONS

Tozuda realidad

Laia Bonet

Valentía no es levantar más la voz, sino asumir la responsabiidad de llamar a las cosas por su nombre

Con la contundencia de la actuación policial del 1-O, el discurso de Felipe VI y la nefasta judicialización del conflicto, el Estado proporcionó el mejor combustible para que el independentismo pudiera ensanchar la base.

Sin embargo, este consenso tan solo se ha sabido construir como reacción a los errores cometidos por el Estado pero no se ha transformado en un consenso a favor del independentismo. Ni la victoria moral del 1-0 se ha aprovechado en este sentido.

A pesar de que los observadores internacionales concluyeron que había falta de validez jurídica en el referéndum por la ausencia de las garantías exigidas por la Comisión de Venecia, los líderes independentistas afirmaron la existencia de un mandato para declarar e implementar la República catalana.

Pero una victoria moral no equivale a un mandato legal. Y solo así se podrían implementar los resultados. Jordi Sánchez lo afirmaba hace unos días. La ineficacia de la declaración de independencia ha sido uno de los factores generadores de mayor confusión en una parte del movimiento.

Y la confusión crece cuando, con la oferta de diálogo de Pedro Sánchez, el relato sobre el mandato surgido de las urnas ha pasado a convivir con un segundo relato sobre un nuevo referéndum. Dos relatos empleados de forma simultánea e indistinta, como si se tratara de una sencilla estrategia 'catch all'.

Dos relatos, sin embargo, que en el mundo de la razón se excluyen necesariamente el uno al otro: si existiera un mandato legal a implementar, no tendría sentido trabajar para un nuevo referéndum; si se reclama un nuevo referéndum, es que el 1-0 no surge un mandato legal y por lo tanto, tampoco se puede implementar.

Esta deriva no es inocua, pero no cohesiona al adversario sino que produce más bien un debilitamiento propio. No se puede compartir lo que no se entiende. Es cierto que el sentimiento de agravio producido por la judicialización del conflicto ha actuado como elemento cohesionador del independentismo. Pero no permite engrosarlo. Y en este contexto, los sentimientos de frustración de una parte del movimiento lo debilitan o incluso pueden transformarlo en versiones poco amables. Y más si se visibilizan tensiones entre los líderes independentistas, solo explicables desde un punto de vista de la competición partidista (legítima pero inoportuna).

Sin menospreciar el mencionado efecto cohesionador de la judicialización, creo que urge la determinación clara de las prioridades del movimiento y por ello habría que empezar por la definición de las actitudes: ¿trabajar para resolver el conflicto o trabajar prioritariamente para hacerlo más visible? Y en esto, evidentemente, la actitud de la "otra parte" no es indiferente: es más difícil pelearse con quien quiere rebajar la tensión.

Y finalmente, urge también la determinación del relato. No hay mandato legal del 1-0. Hay que afrontar con valentía esta realidad y explicarlo, asumiendo las críticas, por duras que sean. Valentía no es levantar más la voz, sino asumir la responsabilidad de llamar a las cosas por su nombre. Si se desconoce o se niega la realidad, es imposible transformarla.