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EN CLAVE EUROPEA

La primera ministra rumana, Viorica Dancila, en una sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo. 

VICENT KESSLER (REUTERS)

Rumanía, en el punto de mira de la UE

Eliseo Oliveras

Bruselas se decide a actuar contra los socialdemócratas rumanos tras el varapalo de la Eurocámara al Gobierno húngaro del PP

Bulgaria, gobernada por populares y ultras, escapa a la reprobación de la Comisión Europea pese a ser el país más corrupto

Después de que el Parlamento Europeo exigiera en septiembre a la Unión Europea (UE) que actuara contra el autoritarismo del Gobierno húngaro de Viktor Orbán del Partido Popular Europeo, la Comisión Europea ha puesto esta semana en el punto de mira al Gobierno socialdemócrata de Rumanía por debilitar las medidas anticorrupción y comprometer la independencia judicial.

La celeridad que muestra ahora la Comisión Europea para destacar que el retroceso democrático no se limita a las filas conservadoras hace más patente su anterior laxitud con Rumanía, que se había limitado a las mismas advertencias huecas que utiliza con Orbán. El silencio cómplice del grupo de los Socialistas Demócratas respecto al comportamiento de su afiliado rumano revela que es prisionero de las mismas debilidades que el grupo Popular, que mantiene al partido de Orbán dentro de sus filas. Sumar el máximo de partidos afiliados y escaños en el Parlamento Europeo prima sobre los principios.

Mientras el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario, Frans Timmermans, anuncia ahora que será "brutal" en su examen de Rumanía, la Comisión Europea se muestra complaciente con el Gobierno búlgaro del Partido Popular y la extrema derecha, a pesar de que también ha diluido la lucha anticorrupción al colocarla bajo control político, como denunció el propio presidente búlgaro, Rumen Radev.

Tutela institucional

La pertenencia al Partido Popular Europeo, que domina la Comisión Europea, ha permitido hasta ahora a sus dirigentes esquivar toda reprobación efectiva desde la UE, tanto por autoritarismo como por corrupción. De momento solo se ha actuado contra el Gobierno polaco, porque el partido gobernante, Ley y Justicia (PiS), pertenece junto a los tories británicos al grupo euroescéptico Conservadores y Reformistas poco influyente en las instituciones europeas.

Rumanía y Bulgaria se encuentran desde el 2007 bajo un mecanismo de tutela de la Comisión Europea debido a las deficiencias institucionales y a la corrupción generalizada al máximo nivel que existían al ingresar en la UE. Once años después, la corrupción sigue siendo endémica en ambos. Bulgaria aparece en el Índice de Corrupción que elabora Transparency International como el país más corrupto de la UE (puesto 71 mundial), seguido de Hungría (66 a nivel mundial) y de Rumanía (59).

La corrupción impregna la vida cotidiana en Rumanía gracias a la impunidad de una clase política cleptocrática, señala Marius Stan del Centro Hannah Arendt de la Universidad de Bucarest. Bajo la dirección de la fiscal Laura Codruta Kövesi, la unidad anticorrupción había logrado en los últimos años destacadas imputaciones condenas de políticos, como el líder del Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea. Esto le impidió asumir el cargo de primer ministro en el 2017, pero dirige el país entre bastidores (ahora a través de la primera ministra Viorica Dancila).

El Gobierno socialdemócrata rumano destituyó a la fiscal Kövesi en febrero para proteger a la clase política de la ola de procesos por corrupción. El presidente rumano, Klaus Iohannis, intentó impedir el cese durante meses, pero se vio obligado a ceder en julio, sin que la UE, ni la Comisión Europea dejaran sentir su peso político para impedirlo. El abogado del presidente norteamericano, Donald Trump, Rudy Giuliani, intervino con el envío de una carta al presidente rumano, en la que criticaba los "excesos" de la lucha anticorrupción, pedía una amnistía para los procesados y respaldaba el cese de la fiscal.

Baja efectividad

La aplicación de las sanciones políticas previstas en el Artículo 7 del Tratado de la UE por violar los principios democráticos resulta imposible en la práctica porque requiere la unanimidad de los estados. En el caso de Polonia, único procedimiento iniciado, Hungría y la Republica Checa ya han anunciado que lo vetarán. Si prospera la denuncia del Parlamento Europeo contra Hungría, se repetirá una medida similar, al igual que si la Comisión Europea se atreve a ir tan lejos con Rumanía.

La evidencia empírica muestra que las medidas punitivas no suelen ser efectivas para lograr que los gobiernos se redemocraticen, advierte Richard Youngs, autor de International Democracy and the West. Para detener la actual deriva autoritaria en los países europeos, la UE necesita una estrategia interna de apoyo a la democracia, indica Youngs. Esa estrategia debe incluir un apoyo sostenido político, social y financiero a promover los valores democráticos y a respaldar a los ciudadanos y las organizaciones cívicas que defiendan esos principios. La estrategia también debe abordar las causas profundas que facilitan las derivas autoritarias y defender unos medios de comunicación libres y críticos, algo que la Comisión Europea no ha hecho.