Un año de éxodo de empresas

En estos días de conmemoración por parte del independentismo de las fechas de la crisis del  pasado otoño, hay una que probablemente no merecerá un homenaje emotivo: la del cambio de sede de empresas catalanas hacia otros lugares de España a causa de la inestabilidad económica en Catalunya. Primero fue el Banc Sabadell, después CaixaBank (junto a su accionista de referencia, Criteria y su propietaria, la Fundación Bancaria La Caixa). Y así hasta 3.854 empresas, gracias a un decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que facilitaba el traslado de sedes sociales que, por cierto, aún sigue vigente. De las que se fueron, solo la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB), matriz del grupo Agbar, ha vuelto a trasladar su domicilio social a Catalunya.

El impacto en la economía de la crisis política e institucional es otro de los grandes debates bizantinos que genera el ‘procés’. El traslado de la sede social es un duro golpe en el plano de la confianza (vital en el desarrollo económico) pero que tiene efectos muy difíciles de cuantificar en la actividad productiva. El paro en este tiempo ha bajado en Catalunya, pero también es verdad que se han vendido numerosas empresas familiares (incluidas Freixenet y Codorniu) y que gigantes como Facebook y Amazon han decidido invertir en Catalunya. En cualquier caso, el mismo Govern admite que la facturación conjunta de las empresas que cambiaron de sede hasta julio asciende a 100.000 millones de euros, y entre los economistas de la órbita soberanista que desdeñan el efecto del éxodo en la economía y los del otro lado que describen una economía devastada, los más prudentes apuntan a que hay que esperar a ver los efectos en el PIB los próximos meses. La inestabilidad nunca es buena compañera del crecimiento económico.

Y el caso es que Catalunya, un año después, sigue sumida en la inestabilidad. El ‘president’ y el ‘vicepresident’ de la Generalitat trataron de suturar las heridas de los últimos días y dar un mensaje de unidad y se comprometieron a aguantar el Govern al menos hasta la sentencia del 1-O. Resulta más evidente que nunca que se trata de una unidad de conveniencia, un pacto de debilidades. Ni ERC ni JxCat quieren ir a elecciones antes de la sentencia, ya que en sus previsiones está que si es dura con los procesados el independentismo puede verse favorecido en las urnas. Pero que sigan juntos no significa que gobiernen; la prioridad del Govern de Torra nunca ha sido esa.