Democracia degradada en la UE

El debate político en la Unión Europea (UE) está muy focalizado en el populismo ultraderechista, el autoritarismo en Hungría y Polonia y el peligro de normalizar el retorno de la extrema derecha a los gobiernos (Austria, Italia, Bulgaria, Eslovaquia). Pero existe otra degradación democrática en la UE y en sus miembros más sutil, con un impacto muy negativo en la vida de los ciudadanos.

Se trata de la "captura corporativa" por parte del sector financiero y las grandes compañías del proceso de elaboración y adopción de leyes, reglamentos y decisiones socioeconómicas en la UE y sus estados. Los grupos de expertos del sector convocados por la UE y los gobiernos nacionales son quienes elaboran realmente las propuestas legislativas y, como consecuencia de ello, en las normas y decisiones priman ante todo los intereses particulares de las empresas de esos sectores por encima del interés público general y de los ciudadanos.

El estudio Corporate Capture in Europe, publicado esta semana por la alianza de organizaciones cívicas en favor de la transparencia y la ética ALTER-EU, detalla cómo se produce este proceso y cómo se ha asumido como normal y positivo por las instituciones europeas y nacionales, pese a que constituye una grave anomalía democrática que da a las grandes compañías un poder inmenso en detrimento de los derechos políticos de los ciudadanos.

Diez años después de la crisis financiera, cuyas consecuencias aún sufren los ciudadanos, la gran banca sigue diseñando las leyes que rigen el sector, por lo que merece una atención especial. Pero un control similar existe en la legislación de otros sectores (automóvil, energía, químico, farmacéutico). También en el reparto de los fondos públicos a la industria de la defensa y en los informes favorables que logran las compañías sobre transgénicos, herbicidas, alimentos y otras substancias de las agencias europeas teóricamente independientes gracias a graves conflictos de interés y constantes puertas giratorias, como denuncia la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O'Reilly.

Crisis agravada

El Plan de Acción de los Servicios Financieros de la Comisión Europea de 1999 fue fruto de las recomendaciones de un grupo de 16 expertos de la banca, los fondos especulativos y los operadores bursátiles, del que fueron excluidos los ciudadanos y los consumidores. La legislación que desarrolló el plan se elaboró desde diez grupos de expertos, el 96% de cuyos miembros procedían de los principales operadores del sector financiero, como ya reveló el estudio Una Comisión Cautiva del 2009Una Comisión Cautiva.

El denominado Procedimiento Lamfalussy, diseñado por propio sector para adoptar de forma acelerada la legislación financiera, privó al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros de la UE del escrutinio y control sobre los detalles técnicos clave de la nueva legislación, que fueron definidos y adoptados por comités de tecnócratas.

No es de extrañar que esa legislación promovida por la Comisión Europea contribuyera a agravar la crisis financiera, ya que dejó en manos de la banca la valoración de los riesgos, permitió enormes agujeros contables donde ocultar activos tóxicos, rechazó regular las agencias de rating con los resultados conocidos, optó por no controlar los fondos especulativas y dejó prosperar los paraísos fiscales y la evasión tributaria de las grandes compañías.

Lobis

En octubre del 2008, tras el estallido de la crisis financiera, la Comisión Europea creó para reformar las leyes el Grupo Larosière con miembros del sector, incluido uno procedente de Lehman Brothers, el banco detonante de la crisis, y otros de Goldman Sachs y Citigroup, dos de los principales culpables del hundimiento financiero.

A pesar de las quejas de la Defensora del Pueblo de la UE, el sector financiero sigue controlando el procedimiento legislativo europeo con normativas favorables a los intereses de los grandes bancos, no solo a través de la Comisión Europea, sino también de los eurodiputados, gracias a sus 1.700 lobistas que operan en Bruselas (2,5 por cada eurodiputado) con un presupuesto anual de 120 millones de euros. Otro instrumento que completa su influencia son las puertas giratorias con los fichajes de altos cargos del área financiera de la Comisión Europea y de comisarios (José Manuel Barroso, Jonathan Hill, Meglena Kuneva, Charlie McCreevy, Neelie Kroes, Günter Verheugen y Karel De Gucht).

En España, el poder político de la gran banca ha quedado evidenciado en la gestión de la crisis financiera, en la condonación de deudas multimillonarias a los partidos políticos y en la enorme dificultad para corregir leyes abusivas, como la ley hipotecaria, que solo se ha reformado a regañadientes y a golpe de sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.