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EDITORIAL

Un acuerdo, diez años después

Lo acordado en la comisión mixta Estado-Generalitat incide en el camino de la normalidad institucional

El ’vicepresident’ del Govern i ’conseller’ de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, sentado frente a la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón.

El ’vicepresident’ del Govern i ’conseller’ de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, sentado frente a la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón. / JOSE LUIS ROCA

La política de deshielo y de gestos impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia Catalunya ya tiene la primera concreción: en la comisión mixta Estado-Generalitat, el Gobierno central se ha comprometido a saldar en cuatro años 1.459 millones de recursos pendientes con Catalunya. Se trata del primer acuerdo de financiación al que han llegado las instituciones catalanas y el Estado en una década, lo que de por sí ya demuestra hasta qué punto las relaciones estaban rotas.

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Durante siete años las comisiones bilaterales Estado-Generalitat previstas en el Estatut no se habían reunido. En la reunión del pasado agosto la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, anunció que se activarían todas las comisiones mixtas entre la Generalitat y el Gobierno que se prevén en el Estatut: financiación, infraestructuras, inversiones, traspasos de competencias pendientes y los recursos de de inconstitucionalidad de leyes catalanas. Es en este contexto político en el que se celebró el martes la reunión entre representantes del Ministerio de Hacienda y el vicepresidente y ‘conseller’ de Economia i Hisenda, Pere Aragonès. Los 1.459 millones surgen por un lado de 759 millones en por la disposición adicicional tercera del Estatut y 700 destinados a la financiación de los Mossos d’Esquadra desde el 2019 hasta el 2022. La primera remesa —200 millones por el primer concepto y 150 por el segundo— se incluirá en los Presupuestos del Estado del 2019, cuentas por cierto que el Gobierno está negociando y que requerirán del apoyo de los partidos independentistas catalanes para ser aprobadas.

El acuerdo es a todas luces positivo, como apuntaba el ‘vicepresident’. Lo es en el terreno económico, pero también en el político, ya que es el primer fruto de la estrategia del Gobierno de Sánchez de retomar la relación institucional en aquellos temas que puedan blindarse de las cuestiones de fondo del ‘procés’. La estrategia de Sánchez coincide con la de una parte del independentismo —por ejemplo, ERC— de gobernar hasta donde lo permita el marco constitucional y estatuario sin renunciar a las reivindicaciones políticas. La confluencia de estas dos estrategias ha dado como resultado un acuerdo que es bueno para Catalunya. Encontrar una solución política a un problema político también es esto.