Una tesis (o máster) sobre la luz

El eléctrico es un mercado oligopolístico, poco transparentemercado oligopolístico y en el que el precio mayorista lo marca la última tecnología que se emplea para generar los kilowatios (kw), que puede ser la más cara. Esta es una cuestión que, más pronto que tarde, tendrá que revisarse para que los usuarios paguen lo que realmente cuesta producir la energía.

Pero el importe total del recibo no depende solo de las eléctricas. Estas ya se llevan un buen pellizco gracias a que en el 2014 se les garantizaron los ingresos al aumentar el peso de la parte fija del recibo -que se paga se consuma o no-. De todas formas, una buena parte de la factura son impuestos y el Gobierno -este y los anteriores- puede, por tanto, hacer mucho por frenar la escalada de los precios.

Suspender -no suprimir- el impuesto a la generación eléctrica, creado en la etapa de Mariano Rajoy, es la opción de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Pero se queda muy corta porque el recibo de la luz, que es un bien de primera necesidad como los alimentos, está gravado como un bien de lujo. Antes de aplicarse un IVA del 21% desde el 2012; se le carga un tributo especial como al alcohol o al tabaco, cercano al 5% (unos 1.400 millones de euros anuales), que va a parar a las autonomías. Por eso, el gravamen total es del 26%.

Según la Comisión Europea, el IVA de la factura de la luz en España sobrepasa en tres puntos la media de la zona del euro. Solo lo superan Finlandia (24%); Portugal (23%) o Eslovenia (22%). Está muy por encima del Reino Unido (5%), Italia (10%), Alemania (19%) o Francia (5,5% al término fijo y 20% sobre el variable), donde los niveles de vida son más altos. Cuando sube la luz, además de las eléctricas, el otro gran beneficiado es el Estado.

Según un estudio de la consultora Selectra, en los últimos 12 meses, un consumidor tipo con la tarifa regulada (PVPC) en España ha pagado 786,54 euros, frente a los 715,03 de un italiano o los 682,50 de un británico para el mismo consumo. Entre el 2013 y la primera mitad del 2018, se han pagado por IVA una media de 163,08 euros anuales del recibo total, o 13,59 euros mensuales. Bajarlo al 4% supondría un ahorro anual de unos 130 euros, estima la asociación de consumidores Facua.

La directiva europea sobre el IVA permite hacerlo si no se distorsiona la competencia, según establece en su artículo 102. Sería una buena fórmula para aliviar las cargas de los hogares, junto con una clarificación del bono social. La pérdida de recaudación podría paliarse con un impuesto a la banca que Pedro Sánchez se comprometió a aplicar-como hicieron gobiernos conservadores como el de Reino Unido-. El sector financiero, al que los contribuyentes echaron un cable en la crisis, podría ser más solidario ahora que le van mejor las cosas, pero el Gobierno ha dado marcha atrás.

En todo caso, hoy que está de moda, aporto esta tesis, como un trabajo de fin de máster, sobre el recibo de la luz. Si el Gobierno la quiere citar e incluso plagiar, adelante.