Análisis

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Cristina Pardo

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La Delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Teresa Cunillera, se ha mostrado partidaria del indulto para los independentistas que están siendo investigados en el Tribunal Supremo. "Si se pide, soy partidaria, claro. Pero tienen que pedirlo, ¿eh?”, ha afirmado este sábado Cunillera en Catalunya Ràdio. A mí me parecen respetables todos los puntos de vista. Lo que ocurre es que, en este caso, subyace algún elemento que suscita cierta inquietud. Y es que la suya no es una opinión aislada. En diciembre, el líder del PSC, Miquel Iceta, ya se mostró partidario de los indultos. La dirección del partido a nivel nacional, todavía en la oposición, se soliviantó en público y en privado y le desautorizó. Por aquel entonces, su compañera de filas, Meritxell Batet, sí se mostró comprensiva con Iceta, al asegurar que no era bueno que los secesionistas estuvieran en prisión a la hora de resolver “el problema político” de Catalunya. Ahora, Batet, revestida del plus de solemnidad que le da el hecho de ser Ministra, se ha desmarcado de Cunillera. Asegura que “no hay que avanzar escenarios que no sabemos si se darán” (sin condenas no puede haber indultos) y que hay que tener “máximo respeto por los procedimientos judiciales”.

Ésta es, desde luego, la posición que cabe esperar desde el punto de vista institucional: primero, dejar que los tribunales hagan su trabajo y luego, en función de por dónde vayan las sentencias, ver hasta qué punto es adecuado que el Gobierno utilice la prerrogativa del indulto, en caso de que alguien lo pida. Es difícil no acertar en algún momento de tu biografía cuando defiendes una cosa y la contraria. Dicho esto, y si uno contextualiza y va un poco más allá, parecería que el Gobierno trata de hacer llegar a la Generalitat el mensaje de que no están del todo cómodos con la actuación judicial y el mensaje de su buena predisposición a “abrir las cárceles”, que diría aquel. Y eso, cuando aún hay varios dirigentes políticos huidos en el extranjero. Basta bucear un poco en la hemeroteca para comprobar que a los socialistas, sobre todo cuando no gobiernan, las medidas de gracia les suscitan muchas más dudas de las que ahora manifiestan.

El PSOE llegó a acusar al ejecutivo de Mariano Rajoy de utilizar el debate de los indultos “para tapar su corrupción”. Suponemos que Sánchez no está haciendo ahora lo mismo para, por ejemplo, orillar el tema de su tesis. Entendemos, por lo tanto, que lo que en el fondo está intentando Cunillera es poner el asunto encima de la mesa para apaciguar los ánimos y facilitar el diálogo con el actual Govern. Lo que ocurre es que, viniendo de un partido que apoyó el 155, pero que luego le pagó a regañadientes la defensa al juez Llarena en Bélgica, es complicado saber a qué atenerse. Pedro Sánchez es un señor cuya gestión es muy difícil de entender. Al menos, ya que estamos sepultados bajo sus continuas rectificaciones, que mantengan el orden natural de las cosas: condena, petición y, ya si eso, indulto.