Estados Unidos, fuera de la ley

La criminalización de la barbarie no va con Estados Unidos, salvo que políticamente le pueda interesar. No es una novedad. La ofensiva iniciada por John Bolton, consejero de seguridad de Donald Trump, para hacer desaparecer de la faz de la tierra a la Corte Penal Internacional, pone de nuevo de relieve su voluntad no solo de mantenerse al margen del derecho internacional, sino de recurrir a los medios que sean precisos para la protección de sus funcionarios y agentes frente a esta jurisdicción. Por ejemplo, como se acaba de dar a conocer, cuando por parte de la Corte se pretende iniciar investigaciones sobre su intervención en la guerra de Afganistán o los abusos de Israel en los territorios palestinos.

Acusaciones de ineficaz y peligroso

Hace pocos días, ante miembros de la Federalist Society reunida en el Hotel Mayflower de Washington, este diplomático soltó que el tribunal internacional es un instrumento neocolonialista europeo cuyo único objetivo es perseguir a EEUU. Que es ineficaz y peligroso y que su Gobierno tomará todas las medidas precisas para proteger a los ciudadanos estadounidenses contra las iniciativas del tribunal. Así, actuará contra sus jueces y fiscales a los que vetará la entrada al país y congelará sus activos financieros. Y, además, procurará asfixiarlo evitando que otros países colaboren con esta jurisdicción internacional. A modo de concreción de este nuevo alarde de imperialismo de viejo cuño, Bolton afirmó que tomarán nota de cualquier país que colabore en una investigación contra Estados Unidos y que, además, lo recordaran a la hora de fijar la asistencia internacional, la ayuda militar y compartir datos de inteligencia. Sin duda, una diplomacia contundente.

Bolton expone con crudeza la arrogancia y menosprecio de la Administración Trump a las instituciones de derecho internacional

Ciertamente, esta expresa voluntad de la actual presidencia norteamericana de quedar gustosa y provocadoramente al margen de la ley internacional no es nueva. Desde la creación del tribunal por el Tratado de Roma de 1998 no fue visto con buenos ojos. Cuatro años después, bajo de la presidencia de George W. Bush, el Congreso aprobó la ley de protección del personal de servicio estadounidense de agosto del 2002 (la 'American Servicemembers Protection Act'), por la que se prohibió la extradición de cualquier ciudadano de EEUU a la Corte y cualquier investigación por sus agentes judiciales. Actualmente, entre otros estados, también han rechazado quedar bajo esta jurisdicción penal sita en La Haya, Rusia, Israel, China, Cuba, la India e Irak.

Las investigaciones que puede realizar la Corte Penal Internacional se refieren a delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra así como los de agresión. Delitos que por su gravedad y trascendencia son imprescriptibles. Con ese objetivo, en la actualidad desarrolla investigaciones oficiales en la República Centroafricana, Sudán (Darfur), Georgia y en la República Democrática del Congo.   

Que nunca puedan quedar impunes es una cuestión de salud pública en defensa de la dignidad del ser humano y de los valores de la comunidad internacional. La razón de ser de este tribunal tuvo su precedente más cercano en los graves sucesos del genocidio yugoslavo (1991-1995) y de Ruanda (1994). Sin olvidar, claro está, a los tribunales internacionales de Núremberg y Tokio que juzgaron los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial y que gozaron entonces del apoyo de Estados Unidos. Por ello, incurren en una flagrante contradicción que nieguen el pan y la sal a este tribunal y ahora, además, lleven a cabo esta ofensiva diplomática en su contra, que reaviva la teoría de la seguridad nacional y el coto vedado que en su tiempo habían aplicado, por ejemplo, ante cualquier denuncia sobre las dictaduras en Latinoamérica, que protegieron sin ningún complejo.

Esta arrogancia y menosprecio instrumental a las instituciones de derecho internacional se muestra con toda su crudeza en los argumentos expuestos por Bolton. Cuando en la reunión del Hotel Mayflower se le planteó -por aquello de la coherencia- por qué Estados Unidos no se retiraba también de las Naciones Unidas, no tuvo empacho en responder que en ese caso no valía la pena porque ya disponen de veto en el Consejo de Seguridad. Así son las cosas y así son los demoledores límites con los que se encuentran estas instituciones supranacionales de salvaguarda de los derechos humanos.

Unos límites que con el incondicional apoyo del socio norteamericano, le permiten a Israel  vivir al margen del derecho internacional y mantener cómodamente un régimen de 'apartheid' en los territorios palestinos.