¿Dónde está el escándalo?

Quim Torra se ha servido de un chat privado utilizado por 5.000 magistrados para cargar otra vez contra la justicia española, exigir la anulación del proceso a los líderes separatistas y llamar a la movilización de los suyos. Sinceramente, cuesta ver dónde está el escándalo en la información publicada. Un grupo de jueces conversan en un chat corporativo privado, en un momento de gran tensión por el 'procés' y, en esencia, lo que hacen es criticar el intento de liquidar la Constitución en Catalunya. Lo llamativo sería lo contrario, o la equidistancia. Es verdad que algunos utilizan expresiones fuertes, incluso ofensivas, sobre los independentistas, y manifiestan mucha inquietud por lo que está ocurriendo. Otros, en cambio, mantienen un tono moderado y llaman a la calma. Se trata de un intercambio de opiniones particulares entre una treintena de participantes. Por otro lado, ninguno de ellos, según ha revelado Montserrat Comas, portavoz de Jueces por la Democracia, participa en ninguna de las causas abiertas por el 1-O. Torra ha querido utilizar esa información en el aniversario de los hechos ante la Conselleria d'Economia para dar por rota su confianza en la justicia española. Parecería un anuncio importante si no fuera porque eso ya lo ha dicho antes incontables veces.

El escándalo no está en los jueces, tampoco en la causa que ha instruido el magistrado Pablo Llarena, aunque se pueda discrepar de la calificación penal de rebelión; lo grave fue lo que sucedió en el Parlament en septiembre del año pasado, y el intento de legitimar ese golpe a la democracia a través de un desbordamiento en la calle. Eso es lo pasó en Economia, con el secuestro de la comitiva judicial por manifestantes convocados por la ANC y Òmnium, y luego con mayor amplitud el 1-O. Nadie duda de que estamos ante un problema político, pero tampoco es bueno ignorar que los hechos en un Estado de derecho tienen consecuencias. Lo escandaloso no es que unos jueces opinen en un chat privado a calzón quitado, sino que un grupo de cargos públicos llevara a cabo un plan para romper el Estatut y la Constitución.