España es ya un país seguro... y punitivo

Este verano, en la disputa entre las dos derechas españolas, Ciudadanos ha intentado hacer bandera del relato seguritario que tan bien ha funcionado en otros contextos. No era un territorio virgen: unos meses antes fue el PP el que instrumentalizó el debate sobre la prisión permanente revisable en el marco de una opinión pública (o mejor opinión publicada) removida por el caso de Diana Quer. Así pues, a principios de agosto en la cuenta oficial de Twitter el partido naranja escribía: "Es hora de que haya orden en las calles y de que los ciudadanos se sientan seguros". A raíz de esta deriva se publicaron varios artículos recordando que España está entre los países más seguros de Europa. No importa mucho los indicadores que se miren, no existen fundamentos objetivos para el marco discursivo de la 'ley y el orden' y (de momento) tampoco parece que este haya calado en la ciudadanía, en la percepción subjetiva colectiva.

De modo complementario a esta evidencia cabe recordar que en España las políticas penales y penitenciarias son comparativamente ya muy punitivas. Nos encontramos con la paradoja de que a pesar de que las tasas de criminalidad o los datos de percepción de la (in)seguridad son de los mejores del entorno, las penas y su ejecución son de las más severas, sobre todo en relación a delitos menores o aquellos que se han llamado delitos 'de pobres'. La tasa de encarcelamiento española es de las más altas en la Europa de los 15 (130,7 por 100.000 habitantes a 1 de enero del 2016), solamente superada por la del Reino Unido y Portugal. Las políticas criminales, a pesar de contar con ciertos instrumentos de armonización europea, parecen resistirse a la construcción de un marco común y los estados naciones marcan aún sus propias directrices.

El uso intensivo de la cárcel

Conviene decir que este uso intensivo de la cárcel no viene 'heredado' del franquismo, como sucede en otras políticas con un peso relevante de la 'path dependency', sino que configura su nuclearidad ya en democracia. Por ejemplo, de una tasa de 24 presos cada 100.000 habitantes en 1975 cuando muere Franco se transita a un máximo de 165 en el 2010, detectándose una ligera disminución a partir de la fecha. La tendencia ascendiente a partir de los años 80, aunque con distintas intensidades –en España especialmente acentuada- es una realidad europea e internacional. Decía el jurista Roberto Bergalli que en los años 60 “habían aparentemente empezado a operar con éxito los enfoques alternativos, críticos o radicales frente al uso de los viejos muros para secuestrar la enfermedad mental y el crimen (...). El manicomio y la cárcel parecían derrotados”. Pero pocos años después se construye una nueva centralidad de la cárcel.

Es importante saber cuántos presos hay en las cárceles pero también quiénes son. Clasificando la población penada por el principal delito por la que han sido condenada observamos cómo en España solamente el 17,3% de los y las reclusas corresponden a la imagen que tenemos de presos 'peligrosos' (homicidio o tentativa, agresión y violación), a 1 de setiembre del 2016. La mayor parte de ellos lo son por delitos contra la propiedad (35,5%) o drogas (21,4%), en palabras del garantista italiano Alessandro Baratta, delitos que comenten principalmente los sectores sociales subalternos. Conocer quién habita nuestras cárceles ofrece también otra información: cuáles son las infracciones por las que efectivamente se cumple pena de prisión, más allá de las previsiones contenidas en las leyes.

Otra cuestión relevante es la severidad de las penas. A pesar de la reducida presencia de delitos graves contra la persona, las penas de cárcel son, en su media, largas. A 1 de setiembre del 2016, solamente Malta tiene un porcentaje de personas penadas de 10 o más años más grande que España. De hecho, la duración de las condenas es una de las principales razones de la inflación penitenciaria española (y por lo tanto, responsabilidad legislativa). Otras razones pueden ser la falta de consolidación de las penas alternativas a la prisión en nuestro país y el hecho que una parte importante de ellas, no son substitutivas sino que se trata de castigos para infracciones menores que nunca se habrían materializado en prisión.

Los datos expuestos en este artículo invitan a pensar que el debate sobre las políticas criminales debe entrar sin demora en la agenda pública y política. Sacar a la luz la realidad oculta de los 'outputs' del sistema penal para que puedan ser objeto de debate. Porque nos jugamos mucho. El funcionamiento del sistema penal y penitenciario es un buen termómetro para medir la salud de nuestras democracias liberales y garantistas.