Justicia

Tardà ha desafiado a Sánchez. Si hay rebelión, no hay presupuestos. Es decir, si el Gobierno no presiona al ministerio fiscal para que se retire la imputación de rebelión a los líderes independentistas encarcelados, no tendrá el apoyo de ERC. Un desafío meridiano verbalizado en el Congreso. Y creemos tan poco en la separación de poderes, que ya ni siquiera nos sonrojamos.

Tenemos un problema con la Justicia. Quizá el más urgente de nuestra democracia. Y no es cuestión de hacer una enmienda a la totalidad. Al fin y al cabo, el PP perdió el Gobierno de España por el efecto causado por una sentencia judicial adversa. Pero la politización de los tribunales y su escasa mirada de género desnudan las carencias y se erigen como las principales causas de su desprestigio. Un descrédito que, al fin, resulta letal para los ciudadanos.

La ley es la protección de los débiles, el arma que salvaguarda nuestra libertad, el escudo que nos ampara de los abusos de poder. Si dudamos de su capacidad para defendernos, si la rechazamos porque no nos sirve, quedamos expuestos a la demagogia y al despotismo. La regeneración no pasa por reclamar una justicia aún más arbitraria, (tampoco por rasgarse las vestiduras ante las divergentes opiniones personales vertidas en un chat interno de magistrados), sino por desarrollar e implementar los mecanismos para exigir independencia, memoria de las víctimas y perspectiva de género.