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Al contrataque

Estudiantes en el campus madrileño de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos.

Cerrar una universidad

Antonio Franco

Que no se escandalice nadie si digo que lo mejor sería cerrar y refundar, con un nombre nuevo, la Universidad Rey Juan Carlos, reconocer que sus titulaciones quedan desgraciadamente vinculadas para siempre a suspicacias

Como estamos atrapados en múltiples debates sobre otros temas temo que, escándalo momentáneo al margen, no le demos toda la trascendencia que tienen las trampas de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid. Su daño a la imagen de los estudios superiores españoles es irreversible. Además ningunea el trabajo serio, concienzudo e ilusionado de tantas y tantas universidades y escuelas superiores de negocios que buscan mejorar su utilidad y calidad docente, y que se esfuerzan para capacitar al máximo a sus alumnos para lo que necesitan las empresas y las instituciones del país.

La agresión ha sido brutal. Ha caído genérica e injustamente sobre nuestros centros una mancha que despierta recelos nacionales e internacionales sobre el valor de nuestras titulaciones, y que recorta, nos guste reconocerlo o no, el mérito de esa inmensa mayoría de estudiantes que han pasado y pasan por las aulas poniendo cotidianamente empeño, inteligencia y sacrificios personales. Porque lo de la Universidad Rey Juan Carlos no es solo un desastre en sí mismo, es también otra prueba de una pésima especialidad española: el fracaso de los controles públicos de seriedad y calidad, que es lo primero que debemos replantear.

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Todo apunta a que los chanchullos del catedrático Enrique Álvarez Conde eran sistemáticos desde hace tiempo. En cuanto se ha rascado un poco han surgido a borbotones alumnos privilegiados, favores inconfesables, titulaciones regaladas, coacciones a los profesores y todo tipo de delitos posteriores para encubrir la trama. Hay tantos casos que es lícita la sospecha de generalización. Del mismo modo, ante conductas  como la suya se impone investigar a fondo sobre el origen y destino del dinero que pasaba por sus manos para, decían, garantizar la supervivencia de sus cursos de masters.

Las altas estructuras de las universidades crujen pero los propósitos de enmienda que ponen sobre la mesa se parecen mucho a parches insuficientes. El daño merece una respuesta de ejemplaridad para que la comunidad internacional se convenza de que puede seguir tomándose en serio los títulos académicos españoles porque con eso no vamos de broma. Que no se escandalice nadie si digo que lo mejor sería cerrar y refundar, con un nombre nuevo, esa universidad madrileña, reconocer que sus titulaciones quedan desgraciadamente vinculadas para siempre a suspicacias. A quienes les parezca excesivo les ofrezco la alternativa de por lo menos cerrar su desprestigiado Instituto de Derecho Público y modificar la denominación del centro que en el futuro forme a los alumnos sobre esas materias. Es una pena por los inocentes afectados, pero ellos son los primeros en saber que ir por el mundo con titulaciones salpicadas con tanta infamia ajena tampoco ayuda en nada.