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Editorial

Sánchez abre el melón constitucional

La figura del aforado, cuyo abuso ha creado indignación popular, no debe ser una carta blanca de impunidad

Pedro Sánchez pronuncia su discurso de balance de 100 días de Gobierno en la Casa América, en Madrid. 

Pedro Sánchez pronuncia su discurso de balance de 100 días de Gobierno en la Casa América, en Madrid.  / JOSÉ LUIS ROCA

Después de una semana muy complicada para el Gobierno, con la dimisión de una ministra y las acusaciones de la oposición sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez, el presidente socialista propuso el lunes una reforma exprés de la Constitución (en el caso más optimista para el Ejecutivo, puede durar tan solo 60 días) para limitar los aforamientos de los políticos. Sánchez propone que los políticos aforados puedan ser juzgados como el resto de ciudadanos en asuntos particulares (por ejemplo: el 'caso máster' de Pablo Casado) y mantener su estatus legal en aquellos asuntos relacionados con el ejercicio de su cargo (lo cual mantendría el aforamiento en casos de corrupción). Permanecerían aforados los jueces, el Rey emérito y los diputados autonómicos.

La propuesta de Sánchez es una maniobra política de calado que afronta un tema que ha creado indignación popular por el abuso de una figura que no debe ser una carta blanca de inmunidad. Por un lado, toma como propia una iniciativa que aliados (Podemos) y adversarios (PP y Ciudadanos) han planteado con diferentes grados de entusiasmo. No es un asunto menor, ya que para que la reforma salga adelante Sánchez necesita el apoyo del PP, Ciudadanos y Podemos en el Congreso y en el Senado. En un momento en que sufre una oposición feroz, Sánchez se hace con uno de los temas estrella de Cs, incorpora un tema importante sobre la mesa en un momento en que negocia con Podemos los Presupuestos y obliga al PP a pronunciarse en un asunto que cuenta con respaldo popular.

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La reforma constitucional también supone abrir el melón constitucional en plena crisis catalana. Por lo pronto, Podemos exigió un referéndum en lugar de una reforma exprés, lo cual podría abrir nuevos caminos. Resulta evidente que los cambios que precisa la Carta Magna (desde el asunto de la sucesión de la Corona y la princesa Leonor hasta el propio tema catalán) van mucho más allá que el tema de los aforamientos, y que requiere un debate que no cabe en una reforma exprés similar a la que se hizo en el 2011 cuando se introdujo en el texto constitucional la estabilidad presupuestaria y la obligatoriedad de priorizar el pago de la deuda frente a otros gastos. Pero, una vez abierto el melón, veremos por qué caminos se transita.