Una irresponsable brecha policial

Una de las consecuencias más perniciosas, y peligrosas, que han dejado los hechos del pasado otoño es la brecha entre cuerpos policiales en Catalunya. La desconfianza entre los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional fue ‘in crescendo’ a medida que transcurría el mes de septiembre y tuvo dos momentos álgidos: los hechos ante la Conselleria d’Economia del 20 de septiembre y las cargas policiales del 1 de octubre. Entre medio, estuvo la frustrada búsqueda por parte de la Guardia Civil de las urnas y la papeletas del referéndum, una operación en la que desde Madrid se acusó siempre a los Mossos de no haber participado como debieran.

Según desvela la investigación que publica hoy EL PERIÓDICO, un atestado de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso que se instruye en el Tribunal Supremo sobre un presunto delito de rebelión contra los líderes del ‘procés’, la Generalitat controló movimientos de la Guardia Civil para buscar las urnas y las papeletas e impedir la votación. Josep Maria Jové, entonces secretario general del Departament d'Economia de la Generalitat, fue informado del registro de la sede Unipost en Terrassa en busca de papeletas. Los investigadores consideran a Jové el cerebro de la logística del referéndum.

Además, como también desvela el diario, la Guardia Civil considera que los Mossos les negaron sus repetidas peticiones de auxilio el 20 de septiembre, cuando la comitiva judicial se vio rodeada y atrapada por una multitudinaria manifestación en la Conselleria d'Economia. La policía catalana siempre ha sostenido que cargar contra la multitud hubiera sido un error, un argumento que no convence a los otros cuerpos de seguridad. Lo sucedido en la 'conselleria' marcó un punto de inflexión en unas relaciones que ya eran difíciles tras el cruce de acusaciones mutuas alrededor de los atentados del 17-A. 

El traspaso de las competencias de seguridad a la Generalitat y la creación del cuerpo de los Mossos d’Esquadra fue uno de los grandes avances del autogobierno catalán. La simple sospecha de que en Catalunya operan dos polícias diferentes y que cada una se encuentra en uno de los dos bandos de la disputa política es muy grave y muy preocupante. La policía, da igual qué gobierno la gestione, debe estar al servicio de la ciudadanía, obedecer la legalidad y mantenerse al margen de la grave crisis política e institucional que atenaza Catalunya. Cualquier otra cosa sería una irresponsabilidad mayúscula.