Tras siete años, el cambio se impone

Por séptimo año consecutivo una gran manifestación ha presidido la celebración del 11 de septiembre. Indudablemente son muchísimos los ciudadanos que salen a la calle cada año a favor de la independencia o de un referéndum de autodeterminación. Mas de un millón para los organizadores, una cifra sensiblemente menor pero siempre alta para otros organismos.

Muchos catalanes quieren la secesión, pero el balance es dudoso. Desde las elecciones del 2012, que Artur Mas anticipó buscando una gran mayoría para CDC, el separatismo nunca ha obtenido más del 47% de los votos y una ajustada mayoría absoluta, lo que le da derecho a gobernar de acuerdo con las leyes, pero a nada más. Tras siete años y tres elecciones (2012, 2015 y 2017) está claro que la independencia parte a Catalunya en dos mitades. Y esta partición no se puede resolver ni negando el problema y el rechazo al Estado español de buena parte de la población, ni con un referéndum divisivo, ni con un intento unilateral. La ruptura política de la sociedad catalana solo puede superarse aceptando la realidad y encarando un espinoso diálogo interno.

Solo así se podrá negociar con autoridad con Madrid. El poder del 47% se ha visto que es mucho pero totalmente insuficiente para imponerse, tanto a la otra mitad de Catalunya como al Estado.

Y la realidad no es nada positiva. El separatismo no ha querido admitir que no es todo el país sino solo la mitad y hace un año intentó la solución unilateral. El fracaso fue absoluto y acabó con la suspensión de la autonomía y la prisión o el exilio de muchos de los dirigentes que el 27 de octubre proclamaron -en medio de una gran confusión- una independencia imaginaria que no fue efectiva ni un minuto y que no fue reconocida ni por un solo país.

La negación de la otra mitad de Catalunya y el unilateralismo se ha demostrado que no lleva a ninguna parte. Es por ello lógico que dentro del independentismo haya voces que, sin renunciar a nada, se replanteen el maximalismo.

Pero esta rectificación no será posible si el Gobierno de Madrid no tiene una actitud distinta a la de los últimos siete años de negativa patatera a las reivindicaciones catalanas. Y si los grandes partidos españoles no admiten que la campaña populista y nacionalista contra el Estatut del 2006 y la sentencia modificativa de algo que ya había sido negociado, votado y aprobado, no solo por las cámaras legislativas españolas sino en referéndum por el pueblo catalán, está en el origen del conflicto. Y que ahora acusaciones excesivas a los políticos presos pueden encrespar más la situación.

En España hay hoy un Gobierno minoritario, surgido de una mayoría muy plural y diversa, que es consciente que el diálogo de sordos no es la política correcta. Tras siete años de exigencia de un autogobierno total que ha conseguido muy poco pero que ha dividido a la sociedad es necesario que tanto en Barcelona como en Madrid, el conflicto se aborde con menos radicalismo y más voluntad de negociación. ¿Será así en los próximos meses?