La vivienda, entre la necesidad y la inversión

En el pasado boom inmobiliario, el de los 850.000 visados de viviendas iniciadas en España en el 2006, los dirigentes de las asociaciones de promotores se quejaron muchas veces del elevado precio del suelo. En algunos casos le llegaron a atribuir cerca del 75% del coste de producción de un piso. La gran oferta de pisos de aquellos años redujo la disposición de suelo y la burbuja no hacía más que crecer hasta que explotó, dejando miles de pisos en venta a precios inasequibles y otros miles comprados por personas que no pudieron pagarlos con la llegada de la crisis. El estallido de la burbuja, y las consecuencias de la mala gestión previa, fueron unas de las principales causas que llevaron a la quiebra a cajas y bancos. 

Pasados unos años, y pese al brutal y desproporcionado incremento de oferta inmobiliaria de aquel decenio, el acceso a la vivienda, un derecho básico reconocido en la Constitución española, sigue siendo muy difícil para una parte cada vez mayor de la población. Y de nuevo los promotores privados, pero también los públicos, se quejan de falta de suelo disponible. Los primeros añaden que hay mucha inseguridad jurídica en el sector de la construcción que provoca que las previsibles rentabilidades con las que se puso en marcha una obra acaben siendo muy diferentes, por cambios de normativas, cuando se finalice, al cabo de unos dos o tres años, y se pueda habitar, un trámite que puede necesitar a veces hasta otro año o más. 

La vivienda tiene una doble vertiente: poder acceder a ella es un derecho básico, una necesidad. Pero también es una inversión y su rentabilidad es la que justifica que haya constructores privados, y propietarios que ponen sus pisos en alquiler. Si no obtienen un beneficio, ni los unos construirán, ni los otros alquilarán. Y querer obviar esta realidad, o pretender que la oferta pública será suficiente para paliar las necesidades sociales en este ámbito solo servirá para atrasar la posible solución. Para mejorar el acceso a la vivienda deben ponerse los medios para facilitar una construcción barata y rentable a la vez. 

Otra cosa es que las citadas rentabilidades sean abusivas y puedan limitarse de alguna manera, dado el carácter de bien social de la vivienda, o que se deba impedir la especulación, como reza de nuevo la Constitución en su artículo 47, sobre el derecho a una vivienda digna: "Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos". 

De momento, los precios de los pisos continúan su escalada frenética, con incrementos de casi un 10% en Catalunya en un año, mientras los ingresos de la mayoría de los que los necesitan en pocos casos han aumentado más de un 2% en el mismo periodo. Y el globo sigue hinchándose.