El ministro y el agravio de los peajes

"No puede ser que la mitad de España pague y la otra mitad no. Tenemos que procurar una cierta igualdad territorial y tenemos que ver cómo financiamos algo que cada vez cuesta más". Las frases no son de un indignado conductor catalán, vasco o valenciano que se siente agraviado por haber estado pagando, y pagar aún, para poder circular por vías rápidas y seguras, las autopistas de peaje, en desplazamientos diarios y casi sin alternativas durante años, mientras en otras zonas de España este tipo de vías eran gratuitas. El autor de esas reflexiones hechas en una tribuna pública es, nada más y nada menos, el actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos.  Lo dijo durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados la semana pasada.

Entre estas declaraciones ministeriales y frases similares pronunciadas y mantenidas con pocas variaciones desde finales del siglo pasado por los responsables de la llamada “guerra de los peajes” en Catalunya no hay muchas diferencias. Falso. Sí que hay una y muy destacada. Precisamente ahora, en algunos de los tramos con mayor circulación de las actuales vías de rápidas de pago están a punto de finalizar las respectivas concesiones a las empresas privadas que las gestionan a cambio del peaje. Y tanto el anterior Gobierno del PP como el actual se han comprometido a no renovarlas y a levantar las barreras de pago. Es precisamente en este momento en el que un debate reclamado desde las zonas que han estado pagando más se pone sobre la mesa por parte de los que tienen realmente el poder y las competencias para modificar la situación arguyendo la necesidad de una cierta “igualdad territorial”.

Sería muy deseable que esta discusión sobre el uso, el futuro y el reparto de los peajes con el objetivo de garantizar un buen mantenimiento de las vías rápidas (protegidas de las propiedades colindantes, sin cruces con otras carreteras, y con escasos accesos y salidas en comparación con las autovías) se haga bien. Porque no es fácil. En el año 2000, el doctor en ingeniería Albert Serratosa, en la introducción del libro “Las autopistas de peaje en Catalunya. Crónica de una discriminación inaceptable”, ya reclamaba “un estudio serio y profundo para verificar la viabilidad de suprimir el peaje directo, de acuerdo con las concesionarias y mediante la aplicación de un sistema de peaje indirecto”. En las páginas de opinión de este diario, el ingeniero industrial Pau Noy, proponía, dos años después,  casi lo contrario: “Implantarlos en toda España, pedir la devolución de las concesiones, de buen grado u obligatoriamente, e implantar un modelo de peaje no para enriquecer a nadie sino para gestionar bien la movilidad”. El debate ya estaba servido. La conclusión era y es urgente.