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ANÁLISIS

El Valle de los Caídos y Pablo Llarena

Enric Marín

El Partido Popular y Ciudadanos dicen que nada justifica el procedimiento de urgencia para exhumar el cadáver de Francisco Franco 43 años después de su muerte. Ni unos ni otros comentan el hecho de que el Valle de los Caídos es el mas colosal monumento dedicado a la memoria del fascismo que asoló Europa entre 1920 y 1945: de Adolf Hitler a Franco, pasando por Benito Mussolini. Tampoco comentan que la única diferencia de relieve entre Franco y los otros dos dictadores fascistas de referencia es que Franco no fue derrotado militarmente y pudo alargar su régimen despótico durante casi cuarenta años. Por eso, precisamente, tuvo la oportunidad de construir un mausoleo faraónico que ha sobrevivido otros cuarenta años a la dictadura.

Mientras aún hay miles de familias que no han podido identificar los restos mortales de sus familiares, los portavoces del PP y de Cs agitan un discurso neofranquista para decir que no hay que abrir heridas del pasado. Como si ellos no hubieran mantenido las heridas abiertas impidiendo un ejercicio sereno y efectivo de la memoria histórica que hubiera facilitado una reconciliación desde la verdad y el perdón. Como si no hubieran sacrificado la verdad para garantizar la desmemoria exculpatoria. Esta vez no lo van a poder impedir, y lo saben. Primero, no se puede ir por Europa explicando que estás a favor del recuerdo conmemorativo del fascismo. Y segundo, sin demasiado margen para aplicar políticas claramente económicas o sociales diferenciadoras de los gobiernos del PP, Pedro Sánchez sabe que en el terreno simbólico tiene algunas opciones para distanciarse del bloque conservador y cohesionar los suyos.

Donde el gobierno del PSOE tampoco tiene demasiado margen para hacer políticas disruptivas es en la cuestión del conflicto entre el soberanismo catalán y los poderes de Estado. La última muestra la tenemos en la rectificación urgente que Sánchez se ha creído obligado a hacer en el tema del conflicto entre la justicia europea y el juez Pablo Llarena. Inicialmente, el Gobierno de Sánchez diferenció de forma prudente entre la actividad institucional del juez del Supremo y sus posicionamientos políticos públicos. Pero la fuerte presión ambiental y la cerrada defensa corporativa del aparato judicial han hecho recular a un Sánchez que cierra filas en la defensa incondicional de Llarena. El riesgo es que la distancia entre la justicia europea y el sistema judicial español aún se ensanche más.

Entre el 2015 y el 2017 el soberanismo catalán cometió errores de apreciación muy importantes, pero los gobiernos del PP cometieron un error más grave todavía: judicializar la política. Una judicialización que se ha internacionalizado y que ya ha escapado al control doméstico. El día que los abogados de Estado hicieron de aprendices de brujo de la política entraron en una ratera. Perdieron el control de la política: el error más imperdonable para un político. Por eso, aunque algunos independentistas “hiperventilados” parezcan ignorarlo, la iniciativa política nunca ha dejado de estar del lado del soberanismo.

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