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Editorial

Soluciones globales para el 'top manta'

El fenómeno pide una respuesta política conjunta que valore la legitimidad del comercio reglamentado y la mejora de condiciones de vida de los manteros

Operación policial contra el top manta en la plaza de Catalunya.

Operación policial contra el top manta en la plaza de Catalunya. / CARLOS MONTAÑÉS

La problemática del 'top manta' se recrudece en verano y afecta de manera distinta a muchas poblaciones de la costa catalana. Desde la situación que la alcaldesa de Roses califica como “insostenible” en el municipio del Alt Empordà hasta la notable disminución de manteros, e incluso la erradicación casi completa de la venta callejera ilegal, en municipios como Calella, Blanes o Salou. El fenómeno es muy disperso y cambiante y, además, en los últimos años ha variado notablemente el propio desarrollo del 'negocio'. Mientras que antes el material con el que se comercializaba llegaba a manos de los manteros sin que estos tuvieran que pagarlo con anterioridad, ahora, a causa de los numerosos decomisos de la policía, la adquisición tiene que ser anterior, con lo cual ha cambiado también la actitud de los vendedores que depositan todo su capital en los productos de la venta ambulante.

Ha habido ayuntamientos que han optado por campañas de concienciación dirigidas a los presuntos compradores para disuadirles del trato comercial y también por actuaciones tendentes a evitar que los manteros lleguen a su destino. Otros, como Blanes, han regularizado la venta en los paseos marítimos con permisos de ocupación de la vía pública que convierten a los vendedores legales en 'vigilantes' interesados que evitan presencias que les pueden perjudicar. En Salou, han apostado por una alternativa social con la aquiescencia de asociaciones de senegaleses que permite mercadillos ambulantes autorizados en los que está prohibida la venta de falsificaciones.

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Aun así, lo cierto es que el 'top manta' se asemeja a una serpiente que va oscilando a través de distintas zonas turísticas, con lo cual se reclama una actuación global que implique a todas las administraciones, no solo a la local. Es una demanda de la Associació Catalana de Municipis, que apuesta por una calificación penal de la venta ilegal, un trabajo constante para evitar la marginalidad de los vendedores y una política social efectiva que fomente la inclusión. El mismo Síndic de Greuges ha tomado cartas en el asunto y ha propuesto iniciativas en este mismo sentido (inserción laboral, regularización de los 'sin papeles') con acento en la lucha contra los canales de distribución de los productos.

El fenómeno es general y, más allá de la represión puntual, demanda una respuesta política conjunta que valore tanto la legitimidad del comercio reglamentado como la mejora de las condiciones de vida de los manteros.

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