Jugar a convocar elecciones

Avanzar comicios por interés partidista sería hacer uso indebido del mecanismo de disolución parlamentaria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Govern, Quim Torra, en la Moncloa, el pasado 9 de julio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Govern, Quim Torra, en la Moncloa, el pasado 9 de julio.

Oriol Bartomeus

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Los últimos días han coincidido dos noticias sobre posibles adelantos electorales. Por un lado, a raíz de la publicación del barómetro del CIS de julio (el primero después del acceso de Pedro Sánchez a la presidencia), se han disparado los rumores sobre la posibilidad de que el presidente pudiera disolver las Cortes y convocar elecciones generales, precisamente para aprovechar la ola de apoyo que detectaba el CIS. Por otro lado, en una entrevista, el presidente de la Generalitat dejaba caer que podría convocar elecciones al Parlament si no conseguía aprobar los presupuestos para el año próximo.

La disolución de las cámaras parlamentarias y la consiguiente convocatoria electoral es una prerrogativa exclusiva que tienen todos los presidentes de Gobierno en regímenes parlamentarios. Forma parte del modelo de pesos y contrapesos que caracteriza estos sistemas. El Parlamento es el que inviste al presidente, el mandato del cual emana de la mayoría parlamentaria escogida por los ciudadanos en las elecciones. Pero el presidente no está totalmente sometido a esta mayoría, sino que tiene en sus manos precisamente la posibilidad de convocar elecciones, sin tener que consultarlo con el Parlamento. Es una potestad personal del presidente.

El objetivo de esta prerrogativa presidencial es el de poder deshacer una situación en la que el Parlamento esté bloqueando la acción gubernamental, ya sea porque el Gobierno haya perdido la mayoría o porque la oposición se alíe para entorpecer la acción del Ejecutivo. En una situación de este tipo, el presidente puede accionar el "botón nuclear" de la disolución. Es un mecanismo diseñado para situaciones extremas, como lo es, por otro lado, la moción de censura.

Últimamente, a medida que los resultados electorales han dado lugar a parlamentos más fragmentados, jugar la carta de la disolución se ha convertido en una tentación para los gobernantes, que en muchos casos cuentan con mayorías más reducidas o menos cohesionadas que antes.

Demoscopia o calendario de hitos

En un escenario de fuerte volatilidad electoral, hay quien contempla la convocatoria electoral como la oportunidad de conseguir una mayoría. Es lo que algunos parecen aconsejar a Sánchez, al calor de la demoscopia. En el caso de Quim Torra, la convocatoria electoral forma parte del propio programa político de su partido, construido sobre la movilización permanente, que exige un calendario de hitos que evite la desmovilización. De aquí que Torra se plantee llamar a las urnas un año después de la última convocatoria.

En ambos casos se estaría haciendo una utilización indebida del mecanismo de disolución parlamentaria, ya que atendería solo a los intereses partidistas de los gobiernos y de sus presidentes. Además, se estaría traspasando a los ciudadanos una obligación que corresponde en exclusiva a los gobiernos: la de configurar mayorías sólidas que sostengan a los ejecutivos. Tener elecciones muy a menudo no es un indicador de buena salud política, es más bien la expresión del fracaso de la política.