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EL CURSO POLÍTICO CATALÁN

Dictadura de la minoría independentista radical

Antón Costas

Las leyes del 6 y 7 de septiembre fueron una imposición sobre la mayoría social, un golpe parlamentario

La vida política, al igual que la académica, se rige por cursos y no por años naturales. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez dio por finalizado el curso político el viernes pasado e hizo balance de sus dos meses de Gobierno. De forma similar, el responsable de Opinión de este diario me sugiere que en este artículo vacacional haga mi balance particular del curso político catalán. Como "donde hay patrón no manda marinero", me pongo a ello.

Si tuviese que resumirlo en una sola frase sería que este ha sido el año en que hemos vivido más peligrosamente desde que Artur Mas inició el viraje de Convergència hacia el soberanismo en el 2012. Por dos razones. Una porque se ha querido sustituir la democracia representativa por una democracia orgánica basada en la hegemonía de un movimiento nacional que diluya a los partidos. Otra porque se puso en riesgo la convivencia cívica pacífica entre catalanes.

Leyes de ruptura

Esa doble ruptura se materializó al inicio del curso político que ahora acaba con dos decisiones parlamentarias rupturistas: las leyes del 6 y 7 de septiembre del 2017 que regulaban, respectivamente, el referéndum unilateral y la transitoriedad hacia la independencia (la “desconexión”). Dos decisiones de intencionalidad revolucionaria en la medida en que querían cambiar de raíz el régimen político democrático y el Estatut que ordena la convivencia política y social interna.

Esas decisiones me hicieron recordar un comentario de Noberto Bobbio, un sabio de la ciencia política, que sentenció que en democracia solo hay una cosa peor que la dictadura de las mayorías, la dictadura de las minorías. Esas dos leyes fueron una imposición de la minoría social independentista radical sobre la mayoría social. Un verdadero golpe parlamentario revolucionario, aprovechando que el sistema electoral da una representación desproporcionada al voto rural y de las pequeñas ciudades, más proclive a la independencia, frente al voto urbano de las zonas más pobladas, más partidario del pluralismo y la convivencia. 

Esas dos decisiones hicieron perder la legitimidad que había logrado el 'procès' en los años anteriores con el lema ambiguo pero sugestivo del “derecho a decidir”. Los independentistas radicales quieren olvidar esas dos fechas y recordar únicamente la del 1 de octubre. Pero no es posible. Es como querer olvidar que en Catalunya también rige la ley de la gravedad.

El resto del curso político estuvo determinado por esas decisiones tomadas el 6 y 7 de septiembre del 2017: la gran manifestación independentista, la declaración unilateral de independencia, la suspensión de la autonomía, la encarcelación y fuga de algunos de los dirigentes políticos y sociales del 'procès' y las elecciones del 21 de diciembre. Unas elecciones que dieron el resultado de que, por primera vez, un partido no nacionalista haya sido el más votado. Un hecho político nuevo que el independentismo radical se niega aún a reconocer y tener en cuenta.

Como muchas veces sucede, el ambiente interno viciado y el bloqueo del diálogo político con el Gobierno central se rompió con dos acontecimientos no previstos: el cambio del Gobierno en España y el intento de ERC por formar un "gobierno efectivo" en Catalunya. El resultado ha sido el reinicio del diálogo entre gobiernos. Pero aún no soy capaz de discernir si estamos ante un verdadero diálogo político propositivo o ante unas simples conversaciones para ganar tiempo. No son lo mismo. 

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La vida política catalana seguirá bloqueada en el próximo curso. Pero no solo por las dificultades para llevar adelante ese diálogo sino por otros cuatro factores internos: 1) la dificultad para que los partidos catalanes alcancen un acuerdo de mínimos para restaurar el Estatut y el funcionamiento democrático del Parlament, de la Administración y de los organismos públicos independientes; 2) la ruptura de la convivencia pacífica interna; 3) el escenario electoral del próximo curso: municipales y europeas y la probable convocatoria anticipada de elecciones generales y autonómicas.

El cuarto, y más importante, es el nuevo viraje de la vieja Convergència hacia el caudillismo y la democracia orgánica basada en un movimiento nacional que absorba a los propios partidos independentistas no rupturistas. Ese el camino iniciado por Puigdemont y su grupo de fieles, dispuestos a ejercer esa dictadura de la minoría de la que habló Bobbio.

Mi esperanza es que, sin embargo, este peligro político máximo no se materialice en el nuevo curso. Pienso que todos habremos aprendido algo y que conseguiremos evitar que ese peligro de ruptura definitiva de la democracia y de la convivencia se materialice.

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