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MIRADOR

Montserrat, Rajoy, Cospedal, Felipe VI, García Albiol, Núñez Feijóo y Puigdemont, en la cabecera institucional.

ALBERT BERTRAN

17 de agosto: protesta y duelo

Andreu Pujol Mas

Este agosto se va cumplir un año del atentado perpetrado por unos fanáticos en la Rambla y en Cambrils y los actos conmemorativos no están exentos de polémica. La presencia del monarca español en tierras catalanas, una vez más, es la fuente de esta controversia. Ya lo fue en la manifestación del paseo de Gràcia del 26 de agosto del año pasado cuando un buen número de personas abuchearon a Felipe VI mientras proliferaban pancartas recriminando la relación de la Casa Real con el comercio de armamento con potencias árabes.

Pero no nos engañemos, no se trata de los negocios armamentísticos. Y a pesar de que en este afán del mundo posconvergente por imitar a ERC se haya acabado asimilando independentismo con republicanismo –aunque el republicanismo como tal solo sea una parte del independentismo-, tampoco se trata de monarquía o república. En el trasfondo están los conflictos territoriales y la misma estructura de España.

Hace unos pocos días la revista 'Contexto' publicó los datos de una encuesta sobre el apoyo de los españoles a la monarquía. A pesar de que el titular decía "El apoyo a la monarquía, por debajo del 50%", si te mirabas el reparto territorial de estas adhesiones en los mapas, dibujabas en rojo las naciones peninsulares: en Galicia solo un 40% de apoyo a la corona, en el País Vasco un 21,7%, en Navarra un 35%, en el País Valenciano, un 38,6%, en las Baleares un 34,7% y en Cataluña un 18,8%. En la España de raíz castellana, en términos globales, la monarquía tiene un aprobado justito. Si nos miramos los datos del CEO, cuatro de cada cinco catalanes suspende la monarquía y las cifras del CIS no las tenemos porqué dejó de incluirse esta información, seguramente porqué el Jefe del Estado no salía muy bien parado.

Datos a parte, también debemos hablar de los hechos que marcaran esta conmemoración. El primero es la sensación, inmediatamente posterior al atentado, de que las instituciones catalanas tuvieron que resolver solas la situación y que el Estado solo estuvo presente en el momento de hacerse la foto. Los responsables del operativo, Joaquim Forn y Josep Lluís Trapero, después fueron represaliados. El segundo son las amenazas del día 3 de octubre, a raíz del referéndum y de la huelga general posterior, expresadas por un Jefe del Estado que, recordémoslo, es el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Entre el rechazo a la institución y el comportamiento de quien la encarna, es inevitable que la presencia de la corona genere resquemores.

Resurgirá el debate sobre la presencia de los representantes institucionales catalanes en los actos de homenaje: debemos tener muy claro que los que han sido escogidos por la ciudadanía no pueden renunciar a estar. En todo caso no son ellos los que se deberían apartar. Más allá de eso, lo más delicado va a ser poder compaginar la protesta con el duelo de las víctimas, intentando evitar que la desazón no eclipse el recogimiento necesario en la rememoración de la muerte trágica de una quincena de personas.   

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