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Las increpaciones a Llarena

Ilustración de Leonard Beard.

Las amenazas a la imparcialidad de los jueces

Jordi Nieva-Fenoll

Para exponer la discrepancia, la democracia garantiza la libertad de expresión, aunque sin caer en el insulto, y mucho menos en la difamación

Me dolió personalmente que se increpara al magistrado Llarena hace unos días a la salida de una cena privada. No es que no sienta empatía por los políticos presos. Bien al contrario, he pedido reiteradamente su libertad y he criticado de forma contundente, aunque respetuosa, las decisiones de este citado magistrado. Pero como jurista no puedo aceptar que nadie en una democracia sienta miedo por realizar su trabajo correctamente. Sí, correctamente, aunque yo discrepe. Muchos juristas, a mi modo de ver erróneamente, defienden las decisiones de Llarena. Y muchos otros discrepamos de ellas. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurre ponernos a insultarnos mutuamente, y si coincidiéramos en cualquier acto público y privado, tengo la total seguridad de que nos saludaríamos cortésmente. Así debe ser en un espacio en el que reine la libertad.

Para exponer la discrepancia, la democracia garantiza la libertad de expresión, pero no la amenaza. Y en derecho, contra las resoluciones judiciales están establecidos los recursos, pero no los salivazos aunque sean realizados en forma de acción reivindicativa. De las situaciones injustas no se defiende uno con más injusticia, sino utilizando los mecanismos establecidos por el Estado de derecho. Existe el derecho de manifestación, previamente informada a las autoridades. Se reconoce el derecho de huelga, pero siempre que no suponga un abuso de una situación fáctica de poder de un colectivo que se traduzca en una coacción a una parte sustancial de la población, ante la amenaza por el daño desproporcionado que ocasionan los huelguistas a la ciudadanía. Y existe, como ya he dicho, la libertad de expresión, aunque cuidando de no caer en el insulto, y mucho menos en la difamación.

Amigos y enemigos políticos

Diferente por completo es que cualquier juez deba cuidar las apariencias. Como tiene dicho desde hace mucho tiempo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el juez no solamente debe ser imparcial, sino que además debe parecerlo. Esa es la razón por la que un juez no puede juzgar a un amigo o a un enemigo. Sucede, sin embargo, que es materialmente imposible que un juez no tenga amigos o enemigos, o personas más o menos próximas ideológicamente. El juez es un ser humano como los demás, no un ente artificial de neutralidad matemática, y por ello nada tiene de particular que experimente esos sentimientos.

Quizá habría que desposeer al CGPJ de la competencia de designar magistrados del Supremo y el Constitucional

El problema, que es grave a nivel mundial, es que en las altas instancias judiciales es casi inevitable que los magistrados conozcan, incluso como amigos o enemigos íntimos, a políticos que puedan llegar al Gobierno o hayan llegado efectivamente. Y esa realidad es más factible con los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, porque en sus nombramientos concurre, en mayor o menor medida, una variable política innegable, fruto de su designación por el Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales son de nombramiento inequívocamente político, como por desgracia es bien sabido. Quizás habría que desposeer de esa competencia a dicho Consejo en beneficio de un sistema de baremación objetiva de méritos para la elección de magistrados, de muy difícil pero no imposible configuración. Tal vez con ello dejaríamos de asistir al vergonzante y habitual mercadeo político del nombramiento de los vocales de dicho Consejo. Por cierto, tampoco estaría de más revisar el sistema de acceso a la carrera judicial. Pesan sobre él ya demasiadas suspicacias desde hace décadas.

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Una última cuestión. Los jueces, como consecuencia de la actividad de las asociaciones judiciales sobre todo, pero no solamente, así como por su contratación en cursos, conferencias y eventos académicos de todo tipo, tienen múltiples oportunidades potenciales de socializar con personas que pueden quebrantar su independencia e imparcialidad. La gran mayoría de jueces no aprovecha esas oportunidades, por cierto, pero algunos sí, con un móvil económico o buscando demasiadas veces la miel de los ascensos.

Ha llegado un momento en que esas contrataciones y encuentros sociales son tan frecuentes, y a veces tan peligrososos –recuérdese el 'caso Ausbanc', actualmente en los tribunales–, que no estaría de más regularlos para limitarlos, revisando asimismo la propia actividad y capacidad de influencia de las asociaciones judiciales. La posibilidad de generación de redes clientelares en esos encuentros es, por desgracia, demasiado peligrosa para el Estado de derecho.