Las inspecciones de los pisos turísticos

Aun a pesar de la falta de una legislación común para todo el territorio español, o precisamente a causa de ello, los ayuntamientos de las ciudades con una mayor incidencia del turismo han decidido en los últimos años emprender acciones por su cuenta, y en función de unos distintos grados de responsabilidad, para evitar la presión de los pisos vacacionales. Hace pocos días Madrid aprobaba un decreto que pretende, en teoría, acabar prácticamente con el 'efecto Airbnb', mientras que en Barcelona se lleva a cabo la política de crecimiento cero, con una zonificación de la ciudad.  

Paralelamente, la Administración lleva a cabo inspecciones y emprende acciones legales para luchar contra la proliferación sin control y sin permisos. En Barcelona, a causa del plan de choque de los dos últimos años, se han llevado a cabo 4.148 órdenes de cierre con 2.355 apartamentos que ya han dejado de operar. Sin embargo, otros muchos expedientes (sancionadores o de cese cautelar) han quedado archivados, bien por falta de pruebas sólidas o por defectos formales, ya se por vía administrativa o judicial. El Ayuntamiento mantiene que los procedimientos son rigurosos pero abogados de los demandados advierten de defectos en la identificación de los pisos y de indefensión jurídica. Una inspección seria es imprescindible, tanto para evitar sanciones indiscriminadas como para establecer criterios sólidos en la legítima labor del Ayuntamiento para evitar ilegalidades.