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Análisis

Una alcaldada maravillosa o un abuso de autoridad

Jordi Mercader

Carmena no ha esperado a saber noticias de Bruselas porque el floreciente negocio de los pisos turísticos ataca al corazón de Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, es jurista y jueza emérita; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, proviene del activismo por el derecho a la vivienda. El Ayuntamiento de Barcelona dispone de unas mínimas competencias para regular los pisos turísticos y desde hace más de un año está en vigor el plan especial de alojamientos turísticos; la ciudad de Madrid no cuenta con ninguna competencia, salvo las genéricas de inspección de usos de las viviendas. Madrid ha declarado la guerra total a los apartamentos turísticos. Barcelona tiene dificultades para cerrar los propiamente ilegales.

Las grandes ciudades europea tiene un objetivo común: salvar el alma de las viejas urbes, evitando que sus centros históricos sean víctimas de una anomalía del mercado que permite expulsar a sus vecinos aumentándoles insoportablemente el alquiler para generar residencia turística. Una docena de ellas, con Barcelona y Madrid en primera fila, han exigido a la Comisión Europea un nuevo marco de regulación que otorgue mecanismos municipales para intervenir sobre el fenómeno.

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La alcaldesa Carmena no ha esperado a saber noticias de Bruselas. Este floreciente negocio ataca al corazón de Madrid. También el de Barcelona, un poco menos que en la capital, tanto por magnitud como por concentración, pero igual de peligroso para el pulso ciudadano. La gran diferencia entre una y otra alcaldesa es que la barcelonesa persigue a los ilegales, con muchas dificultades por el garantismo de la ley que solo le ha permitido cerrar algo más del 50% de las más de 4.000 órdenes de cierre; mientras que la jueza emérita pretende convertir a casi todos los apartamentos turísticos en ilegales, el 95% de una tacada, si los tribunales y la Comunidad de Madrid le dejan.

Un atajo regulatorio

Las comparaciones son odiosas y en este país hay toda una línea argumental del buen gobierno de las cosas que se fundamenta en el estricto respeto a la legalidad. Para eso están los abogados y los jueces. No hace falta que entremos en más detalles sobre unilateralidades perseguidas. El alojamiento turístico en inmuebles destinados a vivienda particular y sus consecuencias perniciosas sobre el tradicional estilo de vida de los barrios más afectados es considerado una auténtica emergencia por los consistorios de Madrid y Barcelona, porque temen que el cambio social resulte irreversible.

¿Están legitimados entonces para tomar un atajo regulatorio mientras esperan que Bruselas dé señales de vida? A los propietarios y comercializadores de los pisos perseguidos cualquier iniciativa les va a aparecer una barbaridad. Las plataformas de denuncia del turismo en general y al que reside en pisos particulares en especial, verán en el golpe sobre la mesa de Carmena un ejemplo a seguir. Una alcaldada maravillosa, se felicitarán unos. Un abuso de autoridad, clamarán otros. Los alcaldes tienen tendencia a correr ciertos riesgos porque sufren a los vecinos de cerca y no hay nada más eficaz que un vecino justamente airado. La ciudad es la gente, dicen.

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