Miserias de la (vieja) política

El jurista Cass Sunstein, que fue asesor de Obama, dedicó páginas incisivas a los falsos rumores y las medias verdades en política. En su opinión, muchas personas aceptan rumores no verificados –en su momento, que Obama había nacido en Kenia, que era musulmán y no podía ser presidente– simplemente porque son compatibles con sus intereses o convicciones previas. Con las nuevas tecnologías, razonaba Sunstein, esto puede convertir la mentira en un arma política de primer orden. Pero también lanzaba un mensaje optimista: la ciudadanía aprende. Y cada vez es más capaz de buscar información fidedigna, descartar rumores falsos y castigar con el desprestigio a quienes los propagan.

Todo esto viene a cuento de las críticas a la política financiera municipal vertidas en este diario por los concejales socialistas Jaume Collboni y Montserrat Ballarín. Como es sabido, muchas entidades independientes certifican que Barcelona es la gran ciudad donde más ha crecido la inversión social. Y no solo esto: las propias agencias de 'rating' reconocen que este giro redistributivo ha venido acompañado de un rigor exquisito en la gestión financiera: 140 millones menos de deuda, pago puntual a proveedores, cuentas equilibradas.

La caída del impuesto de plusvalías

Cualquier persona progresista o de izquierdas debería celebrar estos datos. Porque muestran que los neoliberales se equivocan y que para gestionar con solvencia no hace falta privatizar recursos o castigar a quienes menos tienen. Esto vale para el gobierno de Barcelona, para las izquierdas portuguesas y podría valer para el propio Pedro Sánchez.

Lo curioso es que los concejales del PSC, que hasta hace poco admitían esta realidad, sostengan súbitamente que todo peligra. Y que la culpa es del Gobierno de Ada Colau por haber presupuestado más ingresos de la cuenta y no haber previsto la caída de un impuesto concreto: el de plusvalías.

Lo que más
afecta al
transporte
público, vivienda o escuelas no es reprogramar el 1% del presupuesto. Es que la Generalitat y el Estado no paguen su deuda con la ciudad

El debate es pertinente. Pero el tono alarmista y las afirmaciones de fondo, no. ¿Que caerá la recaudación del impuesto de plusvalías? Probablemente, sí ¿Qué puede preverse con exactitud de cuánto será esta caída? Exactamente, no. La de 2018, por ejemplo, se verá compensada en parte por la subida de otros ingresos. Y a día de hoy se calcula que en el 2019 podría afectar a un 1% de un presupuesto. ¿Puede esto poner en peligro la solvencia conseguida en tres ejercicios presupuestarios y reconocida por todas las agencias evaluadoras? ¡Claro que no! ¿Dejará Barcelona de ser la ciudad que más crece en inversión social? ¡Menos aún! Al final del mandato se habrán invertido… ¡850 millones de euros más que en el mandato anterior!

Los concejales del PSC afirman que el gobierno municipal no debería haber previsto una inversión tan ambiciosa para el 2018. La afirmación extraña. De entrada, porque en aquel momento el PSC era parte del gobierno y nunca objetó este planteamiento. Entre otras cosas porque sabían que una previsión ambiciosa era una forma razonable de evitar que millones de euros quedaran inutilizados en un cajón, como ocurría con Xavier Trias. Es cierto que una caída de ingresos dificultaría crecer al ritmo esperado. Pero es poco serio sostener que a mediados de 2017, en la Barcelona previa a los atentados de agosto y a los hechos de octubre, esta caída era evidente. De hecho, ni la prensa especializada, ni la propia oposición, podían preverla (y siguen sin poder hacerlo hoy).

¿Entonces qué? De entrada, evitar el dramatismo. Lo que más afecta al transporte público, la vivienda o las escuelas en Barcelona no es la reprogramación del 1% del presupuesto municipal. Es que el Estado y la Generalitat no paguen la deuda de cientos de millones de euros que mantienen con la ciudad. Pedro Sánchez sabe que hoy no gobernaría sin el apoyo de los ayuntamientos que hemos sufrido el maltrato del PP. ¿No sería más constructivo que los concejales del PSC le exigieran junto al gobierno municipal que se cumpla lo debido?

Prudencia y sentido común

¿Y si a pesar de los esfuerzos las administraciones no cumplieran y los ingresos no aumentaran? Prudencia y sentido común: intentar gastar el máximo, con la máxima eficacia, sin poner en riesgo la solvencia (lo peor de la herencia del último gobierno del PSC en Barcelona: dejar un ayuntamiento con 780 millones de déficit) ¿Y eso cómo se hace? Priorizando. Si hay que invertir en vivienda para luchar contra la especulación en un barrio, la ampliación de un equipamiento de oficinas tendrá que esperar unos meses.

Criticar e interpelar al gobierno es fundamental en cualquier democracia digna de ese nombre. Pero debe hacerse con rigor. Lo otro son miserias de una política vieja que, como dice Sunstein, desacredita a quien la practica. O peor, que acaba sirviendo a intereses inconfesables poco o nada orientados al bien común.