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Análisis

Ver a huelguistas ejerciendo la violencia convierte en rechazo la empatía que provoca la lucha por unas condiciones de trabajo dignas y justas

Los taxistas están en pie de guerra desde hace años ante la proliferación de nuevas formas organizativas que ofrecen el mismo servicio, con diferentes condiciones, y que ponen en peligro una manera de funcionar muy arraigada. Después de un tiempo de calma, gracias al acuerdo sobre el número de licencias a nivel metropolitano, el recurso presentado por el Ministerio de Fomento hace peligrar el resultado de lo que ya fueron negociaciones complejas. Las movilizaciones del sector sacuden de nuevo la ciudad de Barcelona, esta vez con un nivel de virulencia inaceptable.  

La huelga es uno de los derechos más preciados por las personas trabajadoras, uno de los pocos que tenemos para hacer valer nuestra aportación en las empresas y hacernos visibles en la sociedad en la que vivimos. Gracias a las huelgas se han conseguido grandes mejoras en las condiciones laborales de muchos colectivos. Sin embargo, en el ejercicio de este derecho, existen algunas contradicciones.

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En primer lugar, cuánto más competitivo y abierto es un sector, menos organizados suelen estar los trabajadores y más difícil es realizar huelgas que puedan ejercer presión suficiente para conseguir mejoras laborales. Y, al revés, los sectores más regulados, cerrados y con gremios fuertes pueden realizar acciones de mucho más impacto. Sin embargo, los trabajadores con peores condiciones laborales tienden a encontrarse en los sectores más competitivos - quizá, precisamente- por lo menos en parte, por su poca capacidad de ejercer presión como grupo.

En una empresa privada o en un servicio público

En segundo lugar, existe una gran diferencia entre realizar huelga en una empresa privada o en un servicio público. Cuando se realizan estas acciones en una empresa privada, la intención es perjudicar a los accionistas o propietarios de la misma. Presumiblemente, la consecuencia de la acción es reducir los productos o servicios, y por lo tanto las ventas, afectando al resultado financiero. Los consumidores simplemente se moverán a la competencia sin demasiada molestia.

Pero hay sectores públicos, o semipúblicos, en los que no es tan fácil desplazarse a la competencia y los trabajadores utilizan precisamente este impacto sobre el funcionamiento habitual de una ciudad o de un país para ejercer presión. Las consecuencias recaen sobre personas que no tienen ningún poder de decisión sobre las condiciones de trabajo de los huelguistas. Para paliar parcialmente este efecto existe en algunos ámbitos una regulación de servicios mínimos que suele contrarrestarse fácilmente con la elección de fechas destacadas: huelga de metro durante el Mobile World Congress; huelga de pilotos en el inicio de las vacaciones o taxistas bloqueando las arterias principales de la ciudad.

En una sociedad en la que la mayor parte de las personas somos asalariadas y todos, en mayor o menor medida, somos testigos de cómo los trabajos están continuamente sometidos a cambios: por tecnología, por redes sociales, por reorganizaciones o simplemente porque llega un nuevo jefe, podemos empatizar, hasta cierto punto, con aquellos que están luchando por unas condiciones de trabajo que consideren dignas y justas. Pero ver a huelguistas ejerciendo la violencia convierte la empatía en rechazo.

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