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El presupuesto municipal

El descontrol del gobierno de Colau acabará, directa o indirectamente, afectando a los ciudadanos de Barcelona en forma de recortes

Metidos de lleno en un mundo donde la información transita a velocidad de vértigo por las redes sociales, la posverdad se ha convertido en la piedra filosofal de los nuevos populismos. Se distorsiona la realidad con verdades a medias, o simplemente sin verdades, apelando a las emociones para conseguir que algo aparente  se convierta en una verdad indiscutible.

Algo de eso hay en el argumentario del gobierno de Ada Colau para justificar el desbarajuste y descontrol presupuestario, cuando convierte el impuesto de plusvalías en el chivo expiatorio de la bajada de ingresos municipales y los recortes que planea en los barrios. En un ejercicio de posverdad, el gobierno municipal repite una y otra vez que Barcelona no recauda lo presupuestado debido a que una sentencia del Tribunal Constitucional del 2017 afectó al impuesto y que el Estado no compensa a los ayuntamientos tras la declaración de inconstitucionalidad.

Veamos qué hay de verdad y qué hay de posverdad en esta "tesis oficial" del gobierno municipal.

Modificación normativa

Es cierto que con la crisis del 2008, el impuesto de plusvalías empezó a ser cuestionado por la ciudadanía en vía judicial y su situación actual, como recurso municipal, es delicada. Finalmente, el Tribunal Constitucional dictó sentencia el 11 de mayo del 2017 declarando la inconstitucionalidad de las normas de cálculo del impuesto, hecho que suponía una previsible caída en su recaudación.

Tras dicha sentencia, el Estado se vio obligado a preparar una reforma normativa (aún está pendiente de aprobación en las Cortes) pactada con la Federación Española de Municipios y Provincias, que prevé que se compense a los municipios por la pérdida de ingresos que la modificación normativa comportará, aunque aún no se ha cerrado el montante de la compensación.

Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio del 2018 ha fijado el alcance de la declaración de inconstitucionalidad a los casos de disminución de valor del inmueble transmitido demostrada por el obligado tributario, pudiendo revisarse las autoliquidaciones de los últimos cuatro años.

Pero esta delicada situación del impuesto de plusvalías, ¿justifica su declive recaudatorio en Barcelona? Parece claro que no, fundamentalmente por las siguientes dos razones:

La sentencia del Constitucional y sus efectos en la caída de ingresos eran conocidos por el Ayuntamiento de Barcelona cuando elaboró el proyecto de presupuesto

Primera. La Sentencia del Tribunal Constitucional se dictó en mayo del 2017 y sus posibles efectos cara a la disminución de los ingresos por plusvalía eran conocidos por el Ayuntamiento de Barcelona cuando elaboró el proyecto de presupuesto meses más tarde. Pese a ello, en un ejercicio de 'previsión-ficción' se incrementaron los ingresos previstos en el presupuesto inicial del 2018 en un 33,62% respecto a los previstos en el 2017 (de 172 millones de euros a 230 millones). Por el contrario, otros ayuntamientos fueron más prudentes y responsables y tuvieron en cuenta los posibles efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional a la hora de prever los ingresos por plusvalía municipal. Así, por ejemplo, Sevilla disminuyó casi un 12% las previsiones de recaudación del impuesto en el 2018 respecto al 2017 y Madrid lo hizo en un 3,35%.

¿Puede afirmar el gobierno de Colau que no hinchó, a sabiendas o por error, las previsiones de ingresos por el impuesto de plusvalía para el 2018?

Y segunda razón por la cual no se justifica la caída de ingresos por este concepto. De los ingresos previstos por plusvalía para el 2018, Barcelona solo había recaudado a 31 de mayo el 31,44%, es decir, 1 de cada 3 euros previstos (un 23,46% menos que en mayo del 2017). Porcentaje mucho menor que la recaudación del 57,85% de Valencia o del 48,10% de L’Hospitalet de Llobregat, ciudades que, sin duda, hicieron mejor sus previsiones.

Es decir, las ciudades que presupuestaron correctamente sus ingresos por plusvalía, están, por supuesto, recaudando el tributo al ritmo normal, en un porcentaje mucho más elevado que el de Barcelona en mayo del 2018.

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Esta es la realidad presupuestaria que hay detrás de la bajada de ingresos por plusvalía en Barcelona durante el 2018. Y el gobierno de Colau debería reconocerlo con total transparencia, en lugar de intentar seguir justificándose en la "volatilidad" del impuesto, la sentencia del Tribunal Constitucional o la falta de compensación del Estado.

El descontrol presupuestario de Ada Colau supone romper con una tradición de buen gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona, donde durante los gobiernos socialistas fue posible combinar el rigor económico con una innegable tarea de transformación de la ciudad.

El descontrol del gobierno de Colau acabará, directa o indirectamente, afectando a los ciudadanos de Barcelona en forma de recortes. No más posverdades, por favor.

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