¿Quién está en contra de más vivienda asequible?

En el sistema en que vivimos las políticas de vivienda han venido mayoritariamente de las instituciones y gobiernos de turno. Con más de 95.000 desahucios en los 3 últimos años en Catalunya, una lista de espera de más de 2.000 personas en las mesas de emergencia y un 1,5% de parque público de alquiler no debe ser muy audaz para constatar que estas políticas no han funcionado.

Durante los últimos años la ciudadanía organizada ha propuesto cambios viables y efectivos para poner freno a la emergencia habitacional pero los intereses partidistas y/o lobis financieros han antepuesto cualquier excusa para rescatar a bancos y no a las personas. Por ejemplo, si se hubiera legislado la ILP hipotecaria del 2013 impulsada por la PAH que contemplaba dación en pago retroactiva, moratoria de los desahucios y creación de un parque público de alquiler social hoy tendríamos en todo el estado un parque de vivienda cercano a otras ciudades europeas y los precios del alquiler no hubieran despuntado. Constatar que tenemos otra oportunidad con la 'ley vivienda PAH' este otoño, que dependerá de la voluntad política de todos los diputados en el Congreso que la propuesta salga adelante.

Leyes bloqueadas por el Constitucional

Otra medida ciudadana rápida y sencilla que puede hacer el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez es sacar el recurso que puso el Gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular a la ley 24/2015 y levantar las suspensiones de todas las leyes de emergencia habitacional autonómicas bloqueadas por el Tribunal Constitucional. Esto conllevaría a Catalunya que todos los bancos y fondos buitres no podrían desahuciar a familias vulnerables sin garantizarle un alquiler social y de rebote haciendo operativas las mesas de emergencia.

Para terminar una medida de ámbito local, aplicable a toda Catalunya, como es la creación de vivienda asequible; porque si tuviéramos un parque de vivienda mayor al 1,5% al vecino de Cornellà que se suicidó lo habrían realojado y no tendría que haber sufrido el tercer desahucio. En concreto, en la ciudad de Barcelona se ha impulsado una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) según la cual toda nueva construcción o rehabilitación integral que se quiera hacer a partir de septiembre deberá contemplar un 30% de vivienda asequible. Dicho de otro modo, aproximadamente 1 de cada 5 viviendas nuevas en la ciudad deberán tener un precio asequible y no de libre mercado. Por ejemplo, en el caso del edificio de Aragón 477, donde la PAH de Barcelona recuperó 7 viviendas de los 28 pisos que tiene el edificio, se deberían destinar a alquiler asequible 8. Es decir, que familias que han marchado porque no les han renovado el contrato porque Norvet (el fondo buitre propietario del edificio) quiere poner a precios de lujo los pisos, deberían haber mantenido 8 vecinas a los alquileres que estaban pagando. Parece algo marciana, como extraña, pero la realidad es que es posible. Es posible porque tenemos una ley para el derecho de la vivienda en Catalunya del 2007 que lo contempla. Es posible porque hubo voluntad política con una mayoría absoluta el 23 de febrero que lo aprobó en un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona.

Toca que todas nos corresponsabilizar al hacer efectivo y garantizar el acceso a la vivienda. Ciudadanía, operadores privados y nuevos gobiernos y administraciones. ¿Quién no quiere poder vivir dignamente y poder pagar su casa a precio asequible? Hagámoslo posible este otoño.