Revés para los presos

El independentismo celebra como un triunfo la insólita decisión del juez Pablo Llarena de rechazar la entrega de Carles Puigdemont y retirar las euroórdenes cursadas contra todos los fugadosCarles Puigdemont. Quizá lo sea para los guionistas de relatos épicos, pero difícilmente puede juzgarse ventajosa un pena factual de 20 años de extrañamiento, durante los cuales ni el expresident, ni los exconsellers ni Marta Rovira podrán regresar a España, a la espera de que prescriban los delitos imputados.

Si la prioridad de Puigdemont era no conocer las cárceles españolas y mantener viva la llama del conflicto, sin duda se ha apuntado un tanto en la partida que libra con Llarena. Pero el envés de su victoria es una derrota dolorosa para los políticos independentistas encarcelados en centros penitenciarios de la Generalitat.

El juez ya esgrimió las espantadas de noviembre y marzo como pretexto para sostener el riesgo de fuga de los políticos presos, denegándoles así la libertad provisional,  pero sus sinsabores en Bélgica y Alemania y la renuncia a las euroórdenes, consolidarán ese argumento. De ser liberados, argumentará el instructor, ocho meses de cárcel y la amenaza de una condena a 30 años ya serían suficiente incentivo para cruzar la frontera; pero es que ahora es público y notorio que en el resto de Europa gozarían de total libertad y no serían perseguidos por la justicia española.

PACTO CON LA FISCALÍA

Los contactos exploratorios para procurar la excarcelación de los presos no han dado frutos hasta ahora, salvo un significativo pronunciamiento del presidente Pedro Sánchez dando por buena la entrega de Puigdemont solo por malversación. De haberla aceptado Llarena, la calificación penal del resto de los procesados se habría tenido que rebajar, y la puesta en libertad se habría acelerado.

Los presos también han perdido esa baza. Ahora solo les queda esperar al juicio e intentar pactar con la fiscalía la asunción de delitos castigados con penas menos lacerantes.