Ni Alemania ni la euroorden tienen la culpa

Escribo este artículo cuando la selección francesa acaba de recibir la Copa del Mundo de fútbol, bajo un chaparrón moscovita espectacular. España quedó eliminada por sus errores. A nadie se le ocurriría echarle la culpa de ello al reglamento de juego –incluido el VAR-, ni al árbitro. Se me ocurre comparar este hecho con las reacciones que en el mundo político, y en el mediático, ha originado la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein negando la extradición de Carles Puigdemont por el delito de rebelión. Políticos de la derecha y medios de comunicación de ámbito nacional han coincidido en criticar duramente a este tribunal –el árbitro- y a la propia euroorden –el reglamento-, culpándolos de una supuesta humillación del poder judicial español.

Nada más lejos de la realidad. El tribunal alemán ha actuado correctamente aplicando la euroorden. Se trataba de saber si los hechos que el juez Llarena relató en sus escritos al tribunal del 'land 'constituirían delito en Alemania. Este los examinó y llegó a la –previsible- conclusión de que lo que hizo Puigdemont no hubiera sido delito de alta traición del artículo 81 del Código Penal alemán. La justicia alemana no ha juzgado a Puigdemont (eso es cosa de la justicia española). Pero no tuvo más remedio que valorar los hechos, porque, en todo proceso de extradición, un país (Alemania) no puede entregar a otro (España) a una persona reclamada (Puigdemont) si se acusa a este de un delito inexistente en aquel. Lo que hizo Puigdemont no sería delito en Alemania. Sería inconstitucional, pero no delito.

Instrumento de cooperación judicial penal

Además de  al Tribunal alemán, se ha criticado, también burdamente, a la euroorden. Solo porque no habrá extradición por rebelión. Pero la euroorden es el instrumento de cooperación judicial penal entre países europeos más útil y más importante que se ha inventado nunca. Decenas de asesinos, terroristas, violadores, estafadores, traficantes de droga, mafias de tráfico de personas, ladrones a gran escala, etc. … son entregados por un poder judicial a otro –sin competencia alguna de los gobiernos y de la política- en cuestión de días.

Sucede que la rebelión o la alta traición no están entre los delitos enumerados en la legislación de la euroorden (32 delitos). Por eso, Alemania no podía hacer otra cosa.

Así que ni Alemania, ni la euroorden, tienen la culpa de que a Puigdemont no se le pueda juzgar por rebelión en España. ¿Quién es el responsable de este fracaso del poder judicial español? Por supuesto, el propio poder judicial al acusar a los dirigentes del llamado 'procés' de un delito inexistente: la rebelión.

No hubo una insurrección violenta y masiva que pusiese en peligro la unidad territorial de España y su Constitución

Como observa el tribunal del 'land' alemán, “no se produjeron batallas callejeras de gran extensión, incendios ni saqueos suscitados de manera directa por el referéndum del 1 de Octubre de 2017… No hubo uso de armas de fuego”. No hubo una insurrección violenta y masiva que pusiese en peligro la unidad territorial de España y su Constitución. El Tribunal Constitucional anuló todas las delirantes decisiones del Parlament que declararon frívolamente la independencia de Cataluña.

El artículo 472 del Código Penal

Si hubiera habido un atisbo de riesgo para el orden constitucional español, el Gobierno habría solicitado al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio o de estado de excepción. A nadie se le ocurrió. Porque era innecesario. Porque no hubo rebelión en el sentido del artículo 472 del Código Penal.

El procesamiento por rebelión a 18 líderes del 'procés', y entre ellos a Puigdemont, es el error de fondo del poder judicial español. Es lo que ha convertido en víctimas a quienes vulneraron la Constitución, sí, pero no organizaron una insurrección violenta colectiva para dar un golpe de Estado y segregar a Catalunya de España y de la Unión Europea.

Ese error es el que ha facilitado al independentismo su constante propaganda sobre que en España hay “presos políticos”; y que los jueces no son independientes del Gobierno del Estado. Algo completamente falso, como resalta con contundencia en su auto el Tribunal de Schleswig-Holstein.

En España no se persigue a nadie por sus ideas. A nadie. Así lo proclama Alemania (y lo ocultan los independentistas). Pero eso es compatible con que jueces independientes caigan en errores, solo atribuibles a ellos. No al Gobierno ni al Estado. No a los tribunales alemanes, ni a la euroorden.