Igualdad fiscal

La llegada del nuevo Gobierno socialista ha reabierto el debate sobre la presión fiscal. La recuperación de algunos servicios públicos ha ido acompañada del anuncio de una batería de nuevos impuestos, especialmente para las empresas y los bancos. Solo una leve ralentización de los objetivos de déficit parece aliviar estas tensiones que, según algunos, pueden poner en riesgo la recuperación. En este contexto reaparece el debate sobre el fraude fiscal. Según diversos estudios, España acumula un 20% de economía sumergida frente a la media del 15% en la UE. Recuperar una parte de ese dinero opaco al fisco podría significar unos ingresos de 20.000 millones de euros, nada más y nada menos que el 2% del PIB. Si, además, se pusiera orden en un sistema de exenciones que en muchas ocasiones prima a las empresas más grandes y menos productivas, estaríamos cuadrando el círculo porque se aumentaría la recaudación sin aumentar los tipos impositivos, solo haciéndolos efectivos.

El resultado de esta situación es que la tan reivindicada igualdad de todos los españoles en prestaciones del Estado, que algunos siempre ven amenazada por la dinámica autonómica, está gravemente lesionada cuando lo miramos por el lado de los ingresos. No todo el mundo paga lo mismo, en función del lugar donde trabaja pero tampoco del sector, del tipo de vinculacion laboral o del tamaño de la empresa. De manera que el viejo principio de que paga más el que más tiene se rompe. Paga más el que menos puede esconder lo que tiene.