¿Contratar o concertar?

El Govern de la Generalitat ha ratificadoGovern de la Generalitat esta semana el proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, un texto que quedó parado a las puertas del Parlament al decaer la pasada legislatura y que ahora debe retomar su tramitación. Sin duda un paso adelante que recoge parte de las demandas históricas del sector social para la mejora de la contratación pública de estos servicios dirigidos a la ciudadanía, especialmente la más vulnerable. Un paso adelante, sí, pero no suficiente.

La fórmula no contractual que plantea el Govern no reconoce suficientemente la contribución del tercer sector en la construcción del sistema de servicios sociales

Las lógicas de la contratación pública no se ajustan a las especificidades y necesidades de los servicios de atención a las personas. Se ha hecho un esfuerzo por minimizar el peso del precio en la valoración y priorizar los criterios de calidad, pero desde el tercer sector insistimos que estos servicios deben quedar mayoritariamente al margen de la contratación pública. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las directivas europeas y la propia ley estatal de contratos del sector público. De hecho, en la anterior legislatura el Govern ya abrió la puerta a esta modalidad de gestión mediante fórmulas no contractuales.

En el tercer sector social ni una cosa ni la otra nos parece suficiente. El marco de contratación pública sigue ubicando los servicios de atención a las personas dentro de unas lógicas mercantiles y la fórmula no contractual que de momento plantea la Generalitat está abierta a todo tipo de operadores, tanto lucrativos como sin ánimo de lucro. Por tanto, no reconoce suficientemente el valor de aportación y la contribución del Tercer Sector en la construcción colectiva del sistema de servicios sociales.

La propuesta de regulación

Es por ello que desde la confederación hemos elaborado una propuesta de regulación de un nuevo modelo de colaboración entre las administraciones y la iniciativa social sin ánimo de lucro que busca aprovechar todas las oportunidades que ofrece el marco legislativo vigente y que otras comunidades autónomas, como Valencia y Aragón, ya han desarrollado con un amplio consenso de los agentes sociales y económicos.

La fórmula de acción concertada

Queremos lo mismo para Catalunya. Proponemos un pacto de país para que la gestión de servicios públicos de atención a las personas se haga fuera de la ley de contratos, mediante una fórmula de acción concertada y con el tercer sector social como aliado estratégico y principal. Un modelo transparente y exigente para la Administración y para las entidades sociales; un modelo que garantice que no se hace negocio con estos servicios; un modelo donde es la Administración quien establece el precio en base a los estándares de calidad deseados y el riguroso cumplimiento de la normativa; un modelo que garantice los derechos sociales de la ciudadanía y la calidad del empleo de los profesionales. En definitiva, un modelo catalán que se convierta en referente para otros países.

Tenemos una propuesta, sí, y la convicción de que Catalunya no puede quedarse atrás en la regulación de este nuevo modelo que debe permitir dignificar y poner a la altura de la educación y la sanidad el sistema de servicios sociales y de atención a las personas.