Rebelión: la fiscalía tiene la palabra

Escribíamos días atrás que la imputación por rebelión (hasta 30 años de cárcel) que el juez Pablo Llarena mantiene contra los líderes del 'procés'. cuestionada por numerosos juristas, solo tenía un propósito: privar a los diputados presos o huidos de sus derechos parlamentarios. La endeblez de tal cargo ha quedado al desnudo este jueves al resolver el tribunal de Schleswig-Holstein que solo extraditará a Carles Puigdemont por un delito de malversación (de cuatro a 12 años de cárcel), pero en ningún caso por el de rebelión que le atribuye el Tribunal Supremo español. Los jueces alemanes no creen demostrada, ni antes ni después del 1-O, una violencia "suficiente" como para justificar esta acusación.

Dejando aparte la escasa carga probatoria que la Guardia Civil ha suministrado al instructor para demostrar la malversación, delito cuya existencia negó incluso el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la extradición condicionada de Puigdemont pone en un severo aprieto al Supremo, además de dañar el prestigio exterior de la justicia española.

LAS SALIDAS DE LLARENA

Tiene Llarena tres opciones, a cual peor: rechazar la entrega del 'expresident', confinándolo virtualmente en Alemania si mantiene en pie la euroorden; pleitear ante el Tribunal de Justicia de la Unión, exponiéndose a un varapalo aún más sonado; o encarcelarlo en España, enviarlo a juicio por malversación y, cumplida una hipotética condena, tratar de procesarlo en unos años por rebelión. Pero ninguna le ahorraría a España el despropósito inicial de no juzgar por rebelión al supuesto jefe rebelde, pero sí a sus subordinados.

La resolución alemana incidirá, por tanto, en el devenir de la macrocausa del 'procés'. A las órdenes de la nueva fiscala del Estado, María José Segarra, el ministerio público tiene la oportunidad de revisarlna calificación de los hechos y su encaje penal, facilitando queel  tribunal ajuste más la sentencia a los estándares europeos.