¿A qué viene ahora hablar en catalán?

Que el presidente español, Pedro Sánchez, y el perfil oficial de la Moncloa utilizaran el catalán en unos tuits para comentar la reunión con el presidente de la Generalitat es, desgraciadamente, un hecho extraordinario. Desgraciadamente porque el catalán es la lengua de más de 10 millones de ciudadanos del Estado español. ¿Y si el catalán, además, es lengua oficial en tres comunidades autónomas, no debería ser objeto de promoción y protección por parte del Estado?

"Encima peloteo hablándoles en su dialecto. Qué falta de respeto a los españoles”. Así recibían ciertos tuits que el presidente Sánchez tuiteara en catalán. "Dais vergüenza y asco, os recuerdo que el idioma oficial del Estado es el castellano". Y eso que el tuit se hizo tanto en catalán como en castellano.

Por hablarle en catalán a un funcionario público, le retuvieron el pasaporte a un profesor universitario en el aeropuerto El Prat

Quizá este sea uno de los hechos más relevantes de la reunión. Sánchez recibe en su persona el trato que muchos catalanohablantes han recibido antes: insultos, vejaciones y humillaciones por el simple hecho de utilizar el catalán. De hecho, en la Plataforma per la Llengua hemos recibido en los últimos años más de 110 casos de discriminación lingüística grave por parte del Estado. Por ejemplo, el caso de un niño de 12 años que, mientras esperaba para renovarse el DNI con su madre, preguntó al agente del mostrador, en catalán, si faltaba mucho. El agente, molesto con el niño por haberle hablado en catalán, le respondió: "Háblame en cristiano, que no te entiendo".

El caso del profesor universitario

Otro ejemplo. El caso del profesor universitario que tras dirigirse en catalán al control de pasaportes del aeropuerto de El Prat fue identificado, le retuvieron el pasaporte e incluso fue amenazado por los agentes con la frase: "Sabemos dónde vives". Cuando el profesor lo denunció, la causa fue archivada porque no se pudo identificar a los agentes y, para acabarlo de redondear, fue multado con 601 euros por hacer "caso omiso de las órdenes de los agentes". Todo ello, por hablar en catalán a un funcionario público.

Documentos legales rechazados

Un ejemplo más, para que vean que no es solo un problema de los cuerpos policiales. Un juez de Alicante se negó a aceptar una documentación de la Generalitat de Catalunya por el hecho de que la lengua en que estaba redactada era el catalán. Según el juez, el catalán "no es lengua oficial de la Comunidad Valenciana". Incluso amenazó la Generalitat con denunciarla a la fiscalía por desobediencia, por negarse a traducir la documentación.

Pero miremos la parte positiva, déjenme ser ingenuo. El hecho de que Sánchez haya recibido estas reacciones a un tuit en catalán tal vez servirá para que vea que sí, que existen discriminaciones lingüísticas. Que sí, que existe un supremacismo lingüístico estructural, según el cual el catalán es una lengua de segunda. Quizá servirá para que, al fin, el Estado haga algo para garantizar que el resto de lenguas del Estado español sean igual de válidas que la castellana: para ir al juzgado, para leer una etiqueta de un producto comercial o por hacer un tuit tras una ratafía.