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Actuaciones dispares de las instancias judiciales por motivos ideológicos

Jueces y... jueces

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Jueces y... jueces

Jesús López-Medel

No es nada positivo el reflejo de inutilidad y corporativismo que el Consejo del Poder Judicial ha transmitido a la sociedad

En 40 años de vigencia de Constitución, una de las materias que no han funcionado y en la que incluso se ha retrocedido, es la efectividad del Consejo General del Poder Judicial. Algunos dirán que es fallo de diseño. Yo creo que es más por falta de voluntad sincera de configurar una institución a la que que progresivamente se le sumaron intereses  de controlarlo (y no solo políticamente ni mucho menos) y jibarizarlo, siendo la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón la más nefasta, pues lo ha convertido en un negociado del ministerio.

No le queda mucha vida temporal a este órgano próximo a la renovación y el descontento de muchos de sus miembros (los que no están en la Comisión Permanente) y el reflejo de inutilidad y corporativismo que ha trasmitido a la sociedad no es nada positivo. El gran (aunque no único) responsable, ya está dicho y no es precisamente la designación parlamentaria.

Intentos de parar casos escandalosos

Es vario lo que no funciona, pero solo por destacar una, cito el servicio disciplinario, donde numerosos casos escandalosos se han intentado tapar. Como muestra, recordar la larga permisividad para con el imputado por varios delitos, los más graves que puede cometer un magistrado, el juez Alba contra la jueza Victoria Rosell. Muy desafortunada la pasividad y tardanza del Consejo.

Pero quiero centrarme en la actitud cuando desde otras instancias se perturba la indispensable independencia de un juzgador. Dejo a un lado la reacción ante una sentencia, pues es legítima la valoración social y crítica de una resolución. Es el caso del asunto llamado 'La manada', donde tanto ciudadanos legos en derecho como profesionales jurídicos discrepamos de lo sentenciado por la Audiencia de Navarra.

A causa de la falta de voluntad y de los intereses por controlarlo, el Consejo del Poder Judicial se ha convertido en un negociado del ministerio

Voy a tratar tres asuntos en los que la actuación de las instancias judiciales han sido muy diferentes. En primer lugar, el del juez Castro, que instruyó el sumario en el asunto Borbón-Urdangarin. Este excelente profesional ha sido más que héroe y valiente de todas las variadas presiones que durante la instrucción padeció. Los poderes fácticos, desde la propia Casa del Rey a través de sus tentáculos, lo intentaron todo, pero no pudieron con él.

Algunas de las cosas ya sabidas eran alarmantes. Hace pocos días, ya jubilado, fue entrevistado en televisión, a propósito de la entrada y situación privilegiada en una 'residencia' del delincuente Urdangarin. Allí dejó caer solo varias perlas sobre esas presiones padecidas. Una de ellas era la malévola invitación del abogado de la infanta regia, Miguel Roca, en orden a tener una reunión con el juzgador en una finca. Los propósitos oscuros de ese letrado, para envolver al juez en maniobras feas, son escandalosas.

Pero la dirección de la Abogacía Española, siempre complaciente con los poderes, nunca ha reacionado en este tipo de casos deontológicos donde un abogado ejerciente actúa más de lobista en la penumbra que de letrado. No todo vale para defender a un cliente. A quienes hemos vivido el Parlamento, sabemos que en no pocas ocasiones se actúa como comisionista de grupos de presión para influir en las enmiendas y regulación de determinada materias.

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Otro juez que ha sufrido unos ataques y descalificaciones reiteradas y públicas es José Ramón de Prada que, como miembro de la Audiencia Nacional, ha intervenido en asuntos con repercusión pública. Recientemente fue uno de los magistrados que enjuiciaron la financiación irregular del PP, condenando a varios dirigentes y al propio partido político. Los improperios de su portavoz en el Congreso son los epítetos más insultantes dirigidos a un juez. Pero el Consejo del Poder Judicial no le ha amparado, y ni siquiera este lo pidió. Sabía que era inútil.

En cambio, ha habido un magistrado que, habiendo sido perturbado, ha sido defendido con ahínco por numerosos compañeros. Me refiero a Pablo Llanera, cuya instrución de la causa penal contra los independentistas ha sido polémica. Ha padecido críticas diversas, pero lo extravagante ha sido la defensa ardorosa que han hecho de él asociaciones y, sobre todo otros jueces desde redes sociales. En Twitter, donde se crean numerosas pandillas, no tienen reparo en pronunciarse sobre todo. Pues bien, no pocos se han manifestado en relación con este asunto, de profundas raíces políticas, y no solo han aprovechado para evidenciar sus posiciones muy conservadoras en la aplicación del derecho y en su ideología, sino también para exibir una solidaridad para con un juez, pero que jamás harían lo mismo con uno de los dos jueces antes mencionados, Castro y de Prada

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