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CHOQUE INSTITUCIONAL

Mateusz Morawiecki, durante su discurso ante el Parlamento Europeo.

AP / Jean-Francois Badias

Polonia: la justicia acorralada

Cristina Manzano

La deriva autoritaria del Gobierno polaco tensa a la UE desde su propio interior

Durante años fue la alumna aventajada de la Unión Europea. Polonia supo suplir con ambición, talante e inteligencia las carencias políticas y económicas que venían marcadas por su historia reciente y convertirse en un actor destacado en el club comunitario. Ahí estuvo Radoslaw Sikorski, que al frente del Ministerio de Exteriores despertó las conciencias de los líderes europeos sobre la necesidad de reforzar la política exterior común. Ahí está todavía Donald Tusk, que pasó directamente de la jefatura del Gobierno polaco a la del Consejo Europeo.

Pero todo se torció con la llegada al poder en el 2015 de Ley y Justicia (PiS), el partido ultraconservador, nacionalista y euroescéptico de Jaroslaw Kaczynski. Un partido que ha decidido utilizar todos los resortes del sistema democrático para minarlo desde dentro, convirtiéndose así en uno de los mayores desafíos de la Unión.

Deriva autoritaria sin precedentes

El Tribunal Constitucional, la judicatura, la Fiscalía General del Estado, los medios de comunicación… La voracidad reformista no tiene límites en una deriva autoritaria sin precedentes y totalmente contraria al Estado de derecho y a los valores y principios de la UE.

El último episodio en esta escalada ha puesto a los jueces polacos en pie de guerra, encabezados por la propia presidenta del Tribunal Supremo, Malgorzata Gersdorf, quien ha desafiado abiertamente la recién introducida ley que obliga a los jueces a jubilarse a los 65 años. Además de a ella, la nueva norma afectaría a 27 de los 72 miembros del Supremo. Donde el Gobierno apela a la necesidad de acabar con la corrupción y con vestigios de la época comunista, la judicatura y la oposición ven un descarado intento de purga con el fin de terminar de controlar el poder judicial.

Sin precedentes

Han sido precisamente los sucesivos ataques a la independencia del poder judicial lo que ha llevado a la Comisión a poner en marcha, por primera vez en su historia, la aplicación del artículo 7 del Tratado de la UE, que permite denunciar, sancionar y, en última instancia, suspender del derecho a voto a aquellos países que violen el Estado de derecho. A ello se suma, esta misma semana, un procedimiento de infracción en relación a la ley que afecta al Tribunal Supremo.

Más que con preocupación, el Gobierno polaco ha respondido a las instituciones europeas con chulería. Sabe bien lo difícil que será llevar el artículo 7 a sus últimas consecuencias, pues despojar a un miembro del derecho a voto requiere unanimidad y Hungría, instalada en una deriva similar, no estaría por la labor de proporcionarla.

Respuesta en la calle

La respuesta puede venir, una vez más, de la calle. La sociedad civil polaca ya ha demostrado en otras ocasiones su determinación por defender los valores democráticos. De momento, han salido miles de personas a apoyar a Gersdorf en su “insumisión” laboral. Lech Walesa, el mítico expresidente que contribuyó a forjar la caída del comunismo en su país, ha llamado a una campaña de desobediencia civil. Pese a lo que la victoria de PiS podría indicar, Polonia sigue siendo mayoritariamente un país europeísta, con un 70% de sus ciudadanos que ven el futuro de la Unión con optimismo y con un 80% que se sienten ciudadanos europeos. Merecen ser escuchados, también por su Gobierno.

Temas: Polonia

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