Contra la explotación laboral

Cuando el Presidente Sánchez anunció esta semana que el Gobierno aprobaría "un plan director contra la explotación laboral", seguro que a muchos le hicieron los ojos chiribitas. ¿Explotación laboral? ¿En la "España va mejor que nunca" que nos deja Rajoy?

Según el diccionario, "explotar" significa "hacer que una persona trabaje de forma abusiva para obtener provecho de ello" y, entonces, las cosas empiezan a encajar. El primer hecho abusivo de nuestro mercado laboral es que seguimos teniendo una tasa de paro muy superior a la media europea.

Es cierto que la crisis incrementó el desempleo en todos los países, pero mientras la zona euro ya ha recuperado el nivel de paro anterior a la crisis, España sigue duplicando la tasa que tenía entonces. Es decir, en España sigue habiendo mucha más gente que queriendo trabajar, no puede.

Nuestro segundo hecho abusivo diferencial es que casi la mitad de los parados registrados como tales, no perciben ningún tipo de ayuda pública. Una fuerte caída en la tasa de cobertura del seguro de desempleo ha acompañado a nuestras políticas de recortes explicando la elevada desprotección que tenemos y que se refleja, en parte, en una tasa de pobreza cinco puntos porcentuales superior a la media de la eurozona.

A partir de ahí, entremos a ver lo que ocurre en aquellos que sí tienen empleo. El tercer hecho abusivo es, sin duda, la cantidad de gente que se ve obligada a aceptar unos contratos laborales de una duración menor a la que desearían. En este sentido, según Eurostat, España lidera el ránking europeo de trabajadores a tiempo parcial involuntario (el 61%) y, también, el de aquellos que han aceptado un trabajo temporal porque nos pudieron encontrar un trabajo indefinido (90%).

Además, la conversión de contratos temporales en indefinidos apenas si alcanza el 9%, lo que quiere decir que la precariedad involuntaria no es una forma transitoria de entrar en el mercado laboral, sino que se ha convertido en una manera estable de permanecer en él.

El cuarto hecho abusivo es la cantidad de horas extraordinarias "no pagadas" que se ven obligados a hacer los trabajadores precarios. El INE calcula que hasta un 45% del total de seis millones y medio de horas extraordinarias que se realizaron en el primer trimestre de 2018, no fueron retribuidas.

La excesiva rotación es el quinto hecho abusivo: para conseguir 400.000 ocupados, se tienen que firmar 1,5 millones de contratos, algunos, por horas. El sexto, y último, hecho abusivo que detectamos en nuestra realidad laboral tiene que ver con los salarios pagados. En un doble sentido: la tasa de "trabajadores pobres", aquellos que, pese a trabajar, no ingresan lo suficiente como para superar el umbral de la pobreza, mayormente porque trabajan menos horas de las deseadas, supera con mucho en España la media de la eurozona.

Además, los salarios han mantenido una congelación en términos reales durante los primeros cinco años de recuperación hasta que el reciente acuerdo entre patronal y sindicatos permita iniciar una suave senda de recuperación. Ello explica que en los últimos años, según los datos de la Central de Balances, las empresas hayan dedicado más recursos a pagar dividendos que salarios.

Desconozco todavía el contenido concreto del plan anunciado por el Presidente del Gobierno. Pero hemos visto que existen, en plena reactivación, seis importantes rasgos que entrañan abusos laborales claros en España,  de forma especial entre los jóvenes que es donde se concentra hoy la mayor explotación laboral.

Una parte de esta dura realidad se explica, aquí y en el resto de países de la eurozona, por la crisis, la globalización y la digitalización. Pero si en todos los factores analizados España muestra un comportamiento diferencial en peor, ello tendrá que explicarse por causas propias.

En este sentido, apunto dos hipótesis: la debilidad de nuestra oferta productiva, con un peso excesivo de empresas que no alcanzan la rentabilidad necesaria si no es manteniendo a sus trabajadores con salarios bajos y condiciones laborales precarias y, en segundo lugar, la reforma laboral del 2012 que ha debilitado la capacidad negociadora de los trabajadores al reducir el alcance de los convenios y, con ellos, de la supervisión por parte de los comités de empresa lo que, con una inspección insuficiente, amplía la probabilidad de los abusos.

¿A que ahora encuentran más sentido al plan de lucha contra la explotación laboral? De hecho, vistos los datos, la auténtica pregunta debería ser: ¿Por qué no se ha hecho antes?