El hielo de la morgue de El Cairo

El macrojuicio cuyas sentencias se han conocido este sábado es una muestra más del grado de represión que vive Egipto desde el golpe de Estado del Ejército hace ahora poco más de cinco años. La cifra de 739 acusados, algunos de ellos condenados a morir en la horca, es algo inferior a las más de 800 personas que murieron durante el asalto de las fuerzas de seguridad el 14 de agosto del 2013 a las plazas Rabaa al Adauiya y Al Nahda de El Cairo. Los que se han sentado en el banquillo son los que fueron víctimas del desalojo a sangre y fuego, los que les han condenado son quienes ordenaron el ataque.

Los militares intentaron desde un principio minimizar y no dejar rastro de la masacre, "una de las mayores matanzas de manifestantes perpetradas en un solo día en la historia reciente", según Human Rights Watch. De hecho, pocas horas después del asalto, la plaza Rabaa al Adauiya volvía a estar preparada para la vida cotidiana. Las autoridades se habían dado prisa para limpiar el escenario con suma eficacia. No había ni un solo control de acceso a la plaza y la gente podía caminar y curiosear entre los restos de escombros. Nada indicaba que pocas horas antes habían muerto acribillados centenares de civiles.

A esas horas, la magnitud de la tragedia no estaba en la plaza sino en la morgue de la capital egipcia. Los cuerpos sin vida, envueltos en sábanas blancas, yacían apelotonados en el suelo del edificio. El calor era sofocante. Mientras unos familiares entraban para identificar a los suyos, otros salían cargando ataúdes que depositaban en pick ups para llevarlos a los cementerios. Había también quienes hacían cola frente a montañas de barras de hielo, amontonadas en las esquinas, que servían para evitar la descomposición rápida de los cadáveres.

La matanza de las plazas de El Cairo fue el punto de partida de lo que ha sucedido a lo largo de los cinco años de mandato del mariscal de campo, Abdelfatah al Sisi, el cabecilla del golpe de Estado que echó del poder al primer presidente elegido democráticamente en la historia de Egipto, el islamista Mohamed Mursi. Años de desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y centenares de condenas a muerte.

Centros secretos de detención

Las cárceles de Egipto concentran a más 65.000 detenidos políticos, la gran mayoría islamistas de los Hermanos Musulmanes, aunque también hay entre rejas activistas que tuvieron protagonismo en la revuelta del 2011, como Wael Abbas o Alaa Abdel Fatah, y otros disidentes. Hay tanta gente encarcelada que el Gobierno ha tenido que construir más centros penitenciarios, 14 desde la asonada militar, sin contar con un número indeterminado de centros secretos de detención, según datos de la Red Árabe para la Información de los Derechos Humanos (ANHRI).

Al Sisi representa la continuidad de un mandato militar que dura ya más de 60 años y que arrancó a principios de los años cincuenta con el coronel Gamal Abdel Naser, al que sucedió Anuar el Sadat. Después vino Hosni Mubarak que, tras treinta años en el poder, planeaba ceder el reinado a su hijo Gamal, un civil, lo que no compartía parte de la cúpula del Ejército, por eso los uniformados no aplastaron con sus tanques la revolución del 2011. La revuelta les vino de perlas para deshacerse de Mubarak y de su pretención de implantar en el país una república hereditaria. El único que logró rompe la tradición de mandatos militares fue Mursi, hoy en la cárcel y condenado a muerte desde el 2015. Pero eso fue en otro macrojuicio en el que se dictaron más de un centenar de condenas, pura rutina en el Egipto de Al Sisi.