La fractura social de la crisis

Aunque los últimos años ha crecido la riqueza del país, nos encontramos aún con una fractura social. Es la herencia de una crisis que ha provocado un empobrecimiento de las personas trabajadoras, un mayor número de personas que sufren paro de larga duración y unos sueldos más bajos. Además, el Estado del bienestar ha quedado desbordado, aquí y en toda Europa. El sistema de protección contributivo, diseñado para dar cobertura a la mayoría de las personas trabajadoras, deja a muchas personas atrás.

Durante estos días ha salido publicada la Encuesta de Condiciones de Vida que nos dice que a pesar de la mejora de la economía ha aumentado el número de personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza, lo que me preocupa.

Hay una parte de responsabilidad de este crecimiento de la pobreza que recae en ámbitos competenciales que no tenemos en Catalunya. Las prestaciones ordinarias que reciben las personas en situación de paro, que dependen de la Administración central del Estado, se han de reformular a fin de no dejar fuera de este circuito de protección a muchos trabajadores que se encuentran en situación de paro de larga duración y deben derogar las últimas reformas laborales para reducir la bolsa de trabajadores empobrecidos y facilitar el crecimiento de los salarios al ritmo al que crece la economía. En el ámbito de las pensiones contributivas el modelo debería velar para mejorar la situación de las pensiones más bajas, ahora mismo el sistema no protege a quien más lo necesita.

Las competencias de la Generalitat

Pero hay otra responsabilidad que recae en políticas que están en manos del Gobierno de Catalunya y de mi Conselleria. Un primer grupo son las políticas orientadas a reducir este paro estructural, hacer que puedan volver al mercado laboral las personas que la crisis ha dejado atrás y a mejorar las condiciones trabajo. Facilitar el hecho de encontrar trabajo a las personas excluidas durante la crisis es algo más que la formación y la capacitación profesional, es una tarea personalizada según las necesidades de cada uno. Muchas entidades del tercer sector y administraciones locales nos están ayudando en este objetivo.

Un segundo grupo es mejorar la calidad del mercado laboral. Es una tarea que tenemos que hacer con el diálogo con patronales y sindicatos, con objetivos como conseguir un salario catalán de referencia que marque que ninguna persona cobre menos de 1.000 euros o luchar contra la brecha salarial de género que hace empobrecer a las mujeres trabajadoras.

Un tercer grupo de políticas que son responsabilidad del Gobierno son las políticas y ayudas sociales: la última línea del Estado del bienestar para las personas que son más vulnerables. En este sentido podemos dar alguna buena noticia: fruto de un esfuerzo colectivo de entidades del tercer sector, de los ayuntamientos, actores sociales y de la Generalitat ha bajado el número de las personas que se encuentran en riesgo de privación material severa. Hoy hay menos personas que han perdido servicios energéticos por no poder pagarlos y se ha reducido el número de personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, en el 2016 eran 1 de cada 3 personas y en el 2017 era 1 de cada 5. Aunque todavía no podemos luchar eficazmente contra la pobreza relativa, como sociedad luchamos más eficazmente contra la pobreza más severa.

Confío mucho en el despliegue de la renta garantizada de ciudadanía para luchar contra la pobreza. Esta renta hoy ya cubre a más de 112.000 personas, y mejora los ingresos de rentas de inserción y de las pensiones más bajas. La renta garantizada tendrá dos efectos: una parte importante de los beneficiarios entra en un programa de inserción laboral personalizado. Este programa permitirá su regreso al mercado laboral reduciendo el paro de larga duración. El segundo efecto es la mejora de los niveles de ingresos de las personas más vulnerables.

Los objetivos de esta legislatura para luchar contra la pobreza seguirán basándose en este grupo de políticas: las políticas de inserción laboral, las políticas que mejoran la calidad del trabajo y reforzar las políticas sociales, especialmente con el desarrollo de la renta garantizada de ciudadanía. Mi compromiso como 'conseller' y el del Gobierno de Catalunya es que esta sociedad no deje atrás a nadie y, más allá de titulares efectistas, hacer que la fractura social que provocó la crisis sea cada vez menos presente.