Análisis
Sin peajes, ¿será gratis?
Albert Sáez
Director de EL PERIÓDICO
Soy periodista. Ahora en EL PERIÓDICO. También doy clases en la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado que las concesiones de las autopistas de peaje no serán renovadas. Acaba así una anomalía que supeditaba la continuidad de la concesión a la realización de nuevas inversiones. El hecho ha sido difundido en general como una buena noticia para los usuarios. Veremos. El anuncio no es ninguna sorpresa. Los anteriores accionistas de la principal concesionaria española, Abertis, dejaron el capital de la empresa, entre otras razones, porque sabían que esto podía ocurrir. Y apostaron a que esto iba a ocurrir. Criteria no se podía permitir el lujo de quedarse en una inversión que iba a dejar de dar los dividendos que necesita para la Fundació La Caixa. Mala noticia, pues, para los nuevos dueños de Abertis -Atlantia y ACS- que o bien confiaban en revertir esta decisión o hicieron los números de la OPA contando con el resto de activos de la compañía.
¿Qué consecuencias tendrá la liberación de los peajes en vías tan transitadas como la AP-7? De entrada habrá que ver cómo se financia el mantenimiento de estas vías que el propio ministro establece en un mínimo de 50.000 euros al año por kilómetro, un coste que lógicamente aumentará porque es previsible quese incremente la circulación. La patronal del cemento calcula que serán unos 450 millones de euros al año en una primera etapa y más de 1.000 millones cuando se liberen todas las actuales autopistas. Queda tiempo para que nos digan si se creará algún nuevo impuesto o se hará algún cambio de prioridades. Falta saber igualmente la opinión de la flamante ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, porque es evidente que una medida así incentiva el uso del automóvil privado al bajar los costes de manera considerable.
Las concesiones eran desde el origen temporales. No son más que otra forma de financiación de las inversiones públicas. Tan lícitas como los impuestos o la deuda. Los inversores lo sabían y tuvieron que garantizarse la rentabilidad. Pero, ¿está preparado el Estado para el fin de la concesión? Esa duda la despejaremos en los próximos años o nos llevaremos más de una sorpresa.
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